Justicia política

La dura campaña del Gobierno y del PSOE contra Garzón corre el riesgo de volverse contra sus autores. Pues la muy española reacción de solidaridad por encima de todo, Fuenteovejuna, todos a una, muy en la tradición clientelista y caciquil de la "vieja" política (Ortega dixit), que antepone la amistad y la lealtad a todo, incluso al bien del Estado, está transformando el enjuiciamiento de varios ex políticos en una perversa pugna entre el PSOE-Gobierno y el poder judicial.Pues bien, más allá del barullo de los mensajes hay varias cosas que emergen claras y nítidas. La primera de ellas es que nada tienen que ver las intenciones, motivos, pasiones o deseos del señor Garzón con sus deberes como juez. Las razones íntimas que mueven a actuar a la gente son secundarias cuando hablamos de todo tipo de cargos públicos. Puede que a un juez le mueva el ansia de venganza contra la sociedad porque fue maltratado por su padre; puede que un político sólo desee satisfacer su ego narcisista alentado por una madre edípica, puede que a un profesor, frustrado en su hogar, le encante suspender a los alumnos. Puede, y eso tiene interés para la petite histoire de los personajes. Pero lo importante es lo que hacen dentro del marco de sus atribuciones, de acuerdo con el procedimiento, en cumplimiento de su deber profesional. Es evidente que hay indicios de delito; es evidente que a Garzón le corresponde indagar esos indicios y profundizar en ellos. Lo preocupante sería que no lo hiciera. Dejemos de preguntarnos si quería o no ser ministro: ¿a quién le importa?

En segundo lugar, puede que no sea muy acertada la legislación que concede servicios especiales a un juez que se traslada a la política. Puede. Pero no se le puede achacar a una persona que actúa dentro de la ley; menos aún por quienes hicieron esa ley; y menos aún por quienes trataron de beneficiarse políticamente de esa ley incorporando a un buen número de jueces estrella en su candidatura. Y que sólo ahora descubren que la norma no es acertada.

En tercer lugar, puede que Garzón haya tenido relaciones, buenas o malas, con Vera, suficientes como para enturbiar su imparcialidad. Puede, y por ello es razonable que Vera, al fin y al cabo un encausado que hace lo mejor para su defensa, lo recuse; es incluso razonable (aunque bordea la argucia de leguleyo) que recuse también al sustituto del recusado. Pero el trámite procesal ya se ha zanjado de acuerdo con el procedimiento legal y, por lo tanto, el tema pertenece a la historia. Y si no, ya se verá en la instancia judicial apropiada.La pregunta es: ¿cómo evitar que las decisiones de Garzón o cualquier otro juez provoquen espasmos políticos, turbulencias monetarias, escándalos en la opinión pública? Dicho de otro modo, ¿qué ha hecho de los jueces los árbitros políticos hasta el punto de que el Ejecutivo no puede gobernar y depende día a día, hora a hora, de lo que se decida en la Audiencia o en la plaza de Castilla? Y la respuesta es inmediata: la tozuda insistencia en que la presunción judicial de inocencia es también presunción política de inocencia. Pues los políticos no sólo deben ser honestos; tienen el deber de parecerlo, de modo que la justicia política es mucho más exigente que la de los tribunales. Y si no hay responsabilidad política no sólo se desarma al Parlamento (¿en qué queda el control del Ejecutivo?), sino, lo que es peor, se traslada (y pospone) toda la responsabilidad política, al judicial y a los medios de comunicación. Pues si Vera o cualquier otro hubiera tenido ya su enjuiciamiento parlamentario nada importaría políticamente lo que pudieran decidir ahora los jueces.

De modo que no son los jueces quienes politizan la justicia, sino aquellos políticos que se niegan a asumir sus responsabilidades argumentando que todo el mundo es inocente si no se ha dictado sentencia firme. Por ese camino, tenemos politización de la justicia para un par de lustros; hasta que el tema sea zanjado en el Supremo (o en Estrasburgo).