El edil de Personal de Leganés, denunciado por una funcionaria

Elena O. G., trabajadora del Ayuntamiento de Leganés, ha denunciado en el Juzgado número 3 de la localidad al concejal de Personal por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y desobediencia a la justicia. Según la denuncia, estas acusaciones se refieren a que el edil no ha comunicado al Ayuntamiento, tal y como es preceptivo, una sentencia del Tribunal Constitucional, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaraba nulo un concurso para cubrir siete plazas de administra tivo en 1987. La funcionaria, que junto con otros trabajadores recurrió las bases, recuerda en su denuncia que el Constitucional, el 27 de septiembre de 1993, declaró nula la convocatoria de este concurso porque las bases no respetaron el principio de igualdad. Posteriormente, en mayo de 1994, el Tribunal SUperior de Justicia dictó una resolución en la que, atendiendo al Constitucional, instaba al Ayuntamiento "a dejar sin efecto los nombramientos efectuados".

La denuncia por prevaricación se basa en que después de nueve meses el concejal no ha informado a la corporación de esta sentecia, desobedeciendo los mandatos de los dos tribunales. Además, agrega que está incurriendo en un delito continuado de malversación de fondos públicos: "Está ordenando cada mes la inclusión en la nómina del personal laboral de tinas retribuciones ( ... ) sin fundamento jurídico alguno, al ser nulo el nombramiento efectuado en su día".

Incluso se queja de que a los trabajadores que presentaron el recurso se les está negando el derecho a la promoción profesional.

El concejal de Personal, que ha sido ya llamado a declarar por el juzgado, ha calificado la acusación de "gratuita"' "Dudo que pueda prosperar", añade Toribio, para quien todavía no hay testimonio de firmeza por parte del Tribunal Superior.