El dislate de Tous

NINGUNA RAZÓN procesal puede justificar que, 12 años después de la tragedia, los presuntos culpables del derrumbamiento de la presa de Tous estén sin juzgar y los perjudicados no sepan a qué atenerse en cuanto a las indemnizaciones por los daños sufridos. Los tribunales y los jueces están para hacer justicia en un tiempo razonable, como mandan la Constitución y las leyes. No para enredarse en formalidades procesales que nada tienen que ver con las garantías que amparan a acusados y a víctimas y que obstaculizan su legítimo derecho a obtener cuanto antes una tutela judicial efectiva. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), ordenando la inmediata celebración del juicio, ha servido al menos para encauzar un proceso que transcurría de dislate en dislate.Pero otro despropósito amenaza con poner una vez más en cuarentena los derechos constitucionales de acusados y damnificados. Sintiéndose quizá desautorizados por el TC, los miembros del tribunal del caso Tous han decidido dimitir en bloque sin que medie recusación alguna contra ellos. Alegan "sentirse inquietados y perturbados en su independencia", pero, en lugar de plantear su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o ante el órgano que consideren competente, han decidido tomarse la justicia por su mano (en un asunto, además, en el que son juez y parte), sin importarles dejar sin ella a quienes vienen exigiéndosela desde hace 12 años.

La situación creada requiere la sustitución de los magistrados dimitidos para cumplir lo ordenado por el TC y evitar que el juicio se retrase aún más. Pero también que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Valencia indague si la abstención de los magistrados está o no justificada, y, si no lo está, proponer que se les sancione como corresponde. Con la función de juzgar no se juega. Y se juega irresponsablemente con ella si quienes la ejercen la hacen objeto de sus pataletas personales o de sus ataques de celos y agravios corporativos.