Enfrentamiento entre los vocales del Poder Judicial propuestos por PSOE y PP
Vocales de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegida a propuesta del PSOE, consideran ilegales dos iniciativas de vocales de la minoría propuesta por el PP, que figuran en el orden del día del pleno de hoy. Una de ellas pretende que el Consejo promueva un conflicto con el Legislativo por la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que entrará en vigor el 9 de diciembre. Otra pide un pleno extraordinario monográfico sobre el decanato de Madrid.La primera propuesta procede del vicepresidente del Consejo, José Luis Manzanares, y de los vocales Andrés de la Oliva y Margarita Mariscal de Gante, y pide que el pleno encomiende al gabinete técnico del Poder Judicial un estudio sobre la constitucionalidad de la LOPJ y sobre la viabilidad de plantear un conflicto con el Legislativo o el Ejecutivo, por invasión de competencias.
Un consejero de la mayoría adelantó ayer: "No hay nada que estudiar sobre ese asunto. El que crea que la ley es inconstitucional, que plantee un recurso, si puede". La Constitución legitima para presentarlo, entre otros, a 50 diputados, 50 senadores o los órganos autonómicos. La vocal Soledad Mestre coincidió en que "el CGPJ no tiene legitimación ni es esa su función, y para saber eso los consejeros, que somos juristas, no necesitamos acudir a ningún gabinete".
La otra iniciativa, del vocal Antonio Robles Acera, -Primer secretario judicial que ha accedido al CGPJ hace unas semanas, a propuesta del PP- pide que se señale "un pleno extraordinario para estudiar en exclusiva la situación del decanato de Madrid y la adopción de las medidas que resulten oportunas". Robles adjunta recortes de prensa de los que deduce la urgencia de su propuesta.
Mestre, tras recordar que la petición de un pleno extraordinario no es reglamentaria sin la firma de cinco consejeros, anunció ayer a EL PAÍS que, dada la urgencia con que plantea Robles su iniciativa, ella propondrá que el pleno de hoy "se prolongue todo el tiempo necesario para estudiar los supuestos graves problemas planteados y se pronuncie sobre las propuestas de acuerdo que realice su autor". Otro vocal de la mayoría insistió en la ilegalidad de la iniciativa.
