Precisiones
En relación con la información titulada Condenado a 42 años el asesino de Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México, quiero hacer varias precisiones, ya que estuve cercano al caso Colosio cuando trabajé como secretario particular del entonces subprocurador especial, el abogado Miguel Montes.1. El corresponsal afirma que el caso Colosio ha sido uno de los más penosos de la historia procesal mexicana", lo cual es infundado, ya que con Miguel Montes al frente de la Subprocuraduría Especial el caso se llevó con estricto apego al Derecho Penal mexicano, incluso tanto que la comisión de Derechos Humanos determinó que no hubo violación a los derechos fundamentales de los inculpados y que todo lo actuado fue conforme a derecho.
2. El corresponsal detecta "forcejeos entre una opinión pública" (?) "que no se cree que este asesinato haya sido la obra de un loco". En este sentido es importante subrayar la importancia que tiene el cumplimiento de la ley y su prevalencia sobre las diversas corrientes de opinión pública, favorables o negativas. Por lo que respecta a Mario Aburto, autor material e intelectual del homicidio de Colosio, mientras no se compruebe lo contrario, jamás ha sido calificado clínicamente como loco, término que hay que utilizar con cuidado por la implicación jurídica que tiene y que confunde a los lectores.
3. Porque lo conozco y en varias ocasiones he trabajado para Miguel Montes, puedo referirme a él como un hombre de gran probidad, que posee un alto valor ético y un extenso conocimiento del derecho, por lo que la afirmación de que "los investigadores han dado pruebas de ineficacia y de falta de celo profesional" pasa a la total nulidad.
4. El corresponsal señala que, "pese a la opinión de los investigadores, hay sectores del Gobierno (?) y de la opinión pública (?) que insisten en que el asesinato de Colosio no termina en Aburto. Es de sobra conocido el vídeo del asesinato en el que Aburto es ayudado por varios guardaespaldas de Colosio". Ante el desconocimiento jurídico del reportero es necesario subrayar que los investigadores no tienen el derecho de opinar, sino la obligación de concluir acusatoria o inacusatoriamente. Sobre las personas a las que Orgambides llama guardaespaldas, éstos no lo eran, así pues sólo fueron contratados como auxiliares de organización de contingentes.
Sobre los vídeos, el Gobierno de México utilizó las vías diplomáticas necesarias para solicitar al Gobierno español apoyo, mediante su policía científica, para que peritos emitieran su dictamen en varias materias, entre ellas el análisis de vídeos. Determinaron sobre el mencionado vídeo que no era contundente para señalar culpables. Los peritos españoles son Ana Blanco, Juan López y el entonces jefe de la policía científica, hoy ascendido a comisario general, Angel Luis Fernández Cobos.
5. El reportero asocia los homicidios de Colosio y de Ruiz Massieu, este último ocurrido a finales de septiembre. Aún no existen resultados que permitan suponer tal asociación de delitos; por tanto, pretender asociarlos a priori es una actitud irresponsable, basada en la morbosidad y en el desconocimiento.-
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