Interior pregunta al Constitucional si es legal vigilar la calle con cámaras

Madrid - 12 nov 1994 - 00:00CET

El Ministerio del Interior ha pedido al Tribunal Constitucional un estudio sobre la posibilidad legal de instalar cámaras de vídeo en las calles para disuadir a los delincuentes que cometen pequeños delitos en zonas concurridas de las ciudades, según reveló ayer el titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. El alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), propondrá el martes en la Junta de Seguridad de Madrid -formada por representantes de Interior, del Ayuntamiento y de la Comunidad- que se instale este sistema de vigilancia en calles del distrito Centro donde se acumulan los delitos (véase EL PAÍS de ayer).El regidor conoció esta semana durante su visita a Londres los positivos efectos que un modelo de control similar ha cosechado en el barrio de los negocios -la City- de la capital británica. Esta misma experiencia también llegó en julio de 1991 a diversas localidades de Cataluña, y hace tan sólo ocho meses al municipio de Alcobendas (83.000 habitantes), en el norte de Madrid.

Belloch opinó ayer sobre la controvertida medida: "En general, puede decirse que la instalación de cámaras ofrece dudas constitucionales, ya que no seleccionan la imagen de los que delinquen o de los que pasan por las calles", informa Anabel Díez.

El día anterior, el delegado del Gobierno en Madrid, Arsenio Lope Huerta, había expresado su postura, contraria a la propuesta del alcalde "por atentar contra la libertad de los ciudadanos".

Sin embargo, el Partido Popular rescató ayer una respuesta por escrito remitida por el Ministerio del Interior a las Cortes en la que se indicaba que la vigilancia mediante cámaras de vídeo no atenta contra ningún derecho constitucional. Esta respuesta oficial está fechada el 23 de mayo pasado, y fue distribuida y firmada por el ministro de la, Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La contestación a la pregunta del senador popular Jesús Pedroche -redactada durante el mandato de Antoni Asunción en Interior- fue la siguiente: "La presencia y vigilancia policiales en lugares públicos son legítimas y además obligadas por el mandato de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ( ... ). La instalación de cámaras de observación no supone sino la incorporación de elementos técnicos para reforzar, apoyar e intensificar la actuación Profesional de los funcionarios". La conclusión de la respuesta era aún más clara: "El apoyo técnico [las cámaras] a las tareas policiales de vigilancia no altera el derecho a la intimidad, que, en todo caso, queda preservada cuando no se relaciona con prácticas delictivas".

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Pedróche aclaró ayer: "El 23 de mayo, fecha de la respuesta, Belloch ya era ministro del Interior [fue nombrado el 6 de mayo] y, por tanto, la responsabilidad de la contradicción en la que recae con sus declaraciones es suya. No sé si lo ha hecho por presiones del señor Barranco [el portavoz de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Madrid], porque lo único cierto es que la medida tiene una base legal absoluta. Si no, en Londres estaría prohibido"

El socialista Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, ironizó ayer sobre la medida propuesta por el alcalde: "Al final, lo único que vamos a conseguir es que salga en El Mundo una fotografía de una pareja paseando", dijo. Antes, el dirigente regional confirmó su apoyo, personal a "todo lo que sea luchar contra la delincuencia".

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos se opone a la colocación de cámaras en las calles: "El método no resuelve ningún problema de inseguridad, pero atenta contra los derechos y libertades". Con esa opinión coincide la Asociación pro Derechos Humanos.

A favor se manifestó la Asociación Nacional de Policía Uniformada. La instalación de cámaras "es positiva y eficaz", declaró a Europa Press Agustín Fernández, secretario general.

El director de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid, el socialista Jorge Murtra, reconoció ayer que su departamento tiene "dudas razonables". "Puede suponer una intromisión en la intimidad. Habría que garantizar un respeto de todos los derechos y aprobar una ley orgánica donde se establezcan límites a la utilización de esas imágenes".

El jefe regional de Protección Ciudadana reiteró, no obstante, su "opinión técnica" favorable a la instalación de cámaras. A continuación destacó que la vigilancia mediante cámaras requiere una atención especial: "Ningún agente podrá estar más de 20 minutos seguidos vigilando una cámara porque se despista".