La pervivencia de los monopolios

Entre 1991 y 1993, el período de recesión más importante registrado por la economía española desde que comenzó la fase de desarrollo abierto en 1960, la inflación siguió manteniéndose invariablemente alta, con tasas interanuales cercanas al 5% cuando la debilidad de la demanda interna y la disminución de los ritmos de crecimiento salariales deberían haber permitido situamos en valores mucho más cercanos a los de los países centrales de la Unión Europea, hacia los que se supone debemos converger.Una vez que la recesión ha finalizado, esta resistencia a la baja de la inflación constituye la amenaza más sena a la continuidad del crecimiento que comienza. En efecto, en la consecución de un ritmo de crecimiento elevado y sostenido, los factores más relevantes son los tipos de interés (en particular, los tipos de interés a largo plazo, que son los que determinan las decisiones de inversión y, por tanto, el nivel de empleo) y la reducción del déficit público, que en nuestro caso ya está en el doble, de lo que exigen los, objetivos de convergencia y que ha comenzado a ser fuente de particular preocupación para la Comisión Europea.

Sin embargo, la reducción de nuestro déficit público es cada día más una misión imposible, ya que, en la vertiente del gasto, la disparatada estructura política del país, con 17 autonomías, 17 gobiernos y 17 legiones de funcionarios, ha llevado el gasto público a niveles no asumibles por nuestra economía (un 49% del PIB en 1993, frente a un 33% en 1980), y, además, de muy difícil control por razones básicamente políticas. Y en la vertiente de in gresos sólo se puede actuar (sin nesgo para el crecimiento, se en tiende) del lado del fraude, por que la presión fiscal en España es de las más altas de Europa sobre los contribuyentes que realmente pagan.

Por tanto, casi el único elemento de que disponemos para acelerar nuestro crecimiento es el mantenimiento o, incluso, la reducción de los tipos de interés, y esto, que es condición sine qua non, encuentra su principal amenaza en un rebrote de la inflación, y rebrotará sin duda en enero consecuencia de las elevaciones de impuestos ya programadas. Y se trata de controlar, como probablemente ocurrirá, con una elevación de los tipos de interés, va a ser muy difícil conseguir un crecimiento sostenido por encima de la media europea, con lo que ello supondrá sobre el paro, la convergencia y nuestro lugar, en la construcción de la Unión Monetaria Europea.

Y esto es algo que no nos podemos permitir, porque con un 24% de paro y un producto per cápita, en unidades homogéneas de poder de compra, todavía modesto, si no aprovechamos la coyuntura para crecer más que la media España continuará divergiendo, como viene sucediendo desde 1991. Perdimos nuestra oportunidad de consolidar el crecimiento de Finales de los años ochenta (en, 1991, nuestro producto per cápita era el 80% de la media comunitaria, en 1993 se había reducido al 77,5%) y acortar distancias con los países centrales de la Unión Europea, y si perdemos de nuevo está oportunidad como consecuencia de que crecemos menos que la media (de momento es lo que está ocurriendo) o incluso la media, estaríamos condenados a seguir siendo un país de segunda fila durante largo tiempo y a continuar manteniendo tasas de paro tercermundistas.

Para tratar de evitar que esto suceda y conseguir unos resultados de inflación que no sean, una amenaza permanente a. nuestra recuperación económica, el único camino es el levantar de una vez la alfombra y ver qué es lo que hay debajo de una inflación tan resistente a la baja. Y lo que hay debajo es, fundamentalmente,. una estructura monopolística en sectores esenciales para la formación, de precios- y un sector servicios donde la competencia es mas bien la excepción y no la regla. Culpar sólo a los salarios como viene siendo habitual, es lo más cómodo, pero no responde a la verdad. Los salarios, probablemente, deberán moderarse más, y en algunos casos, desgraciadamente, bajar. Sería una injusticia manifiesta y un error económico grave cargar exclusivamente el peso del ajuste sobre los salarios ignorando todo lo demás.

España tiene hoy los productos petrolíferos antes de impuestos, la electricidad, los teléfonos, el gas natural y muchos otros servicios a los niveles de precios más elevados de Europa. Sin pretender ser exhaustivo en la descripción de estos problemas, sí quiero entrar en detalle de algunos casos que me son más próximos, para no mantenerme en el terreno de las generalidades más o menos conocidas, y, aunque sin duda no son los únicos, sí se encuentran entre los más importantes y representativos. En la mayoría de los casos,. estas situaciones derivan de la existencia de un oligopolio descarado y duro, protegido, probablemente sin pleno conocimiento de la realidad, por los ministerios, de tutela correspondientes, y que es sencillamente impresentable que continúen lastrando nuestra economía y nuestro crecimiento y, en definitiva, el bienestar de la inmensa mayoría en beneficio de unos pocos.

Tomemos como ejemplo el sector petrolero, un área clave en el sisterna de formación de precios. Aunque el sector se encuentra teóricamente liberalizado, en la práctica funciona como un oligopolio, con una conducta paralela en la fijación de precios de venta, ya que las tres sociedades dominantes sitúan cada semana los mismos en niveles sorprendentemente parecidos y con un sistema de precios máximos que permite un margen de dos pesetas por litro, superior a la media europea. Este sistema, unido al paralelismo en la fijación de precios, está permitiendo realizar records de beneficios a las refinerías españolas (hoy, en gran parte en manos extranjeras). Una situación de libre competencia permitiría, por ejemplo, bajar los precios de las gasolinas entre cuatro y cinco pesetas el litro, es decir, absorber toda la subida prevista del impuesto especial y bajar además los precios al consumidor.

Otro ejemplo adicional de lo que permite hacer esta situación de oligopolio es lo ocurrido con la gasolina sin plomo de 98 octanos. En este caso, el sector convenció a la Administración de que liberalizara el precio, y la consecuencia ha sido una elevación brutal de los precios al público, que resultán en España unas 4,5, pesetas por litro, superiores a los de la gasolina de 95 octanos, que ya tiene un precio regulado muy alto (la media europea más dos pesetas por litro), cuando la diferencia de precios entre estas dos calidades de gasolina es en Europa del orden de dos pesetas por litro. Por esta razón, el objetivo número uno del sector es en estos momentos la eliminación de los precios máximos, lo que, de ocurrir, dada la falta de competencia efectiva, les permitiría realizar una fuerte elevación de precios en todos los productos.

Lo más penoso del caso es que esta estructura de oligopolio se ha construido sobre los activos del monopolio de petróleos, que fueron financiados con dinero de todos los españoles, y se mantiene por el abuso de posición dominante que las refinerías españolas realizan con estos activos, utilizándolos para limitar la competencia. Es decir, el dinero que pagaron los contribuyentes se emplea contra ellos para elevar artificialmente el precio que pagan por los productos petrolíferos.

Otro tema más flagrante si cabe es el de los gases licuados del petróleo (GLP, propano y butano) y el del gas natural. Los GLP se distribuyen en una situación no de oligopolio, sino de monopolio prácticamente absoluto por parte de Repsol Butano. Las reglas de liberalización han sido de tal tipo que hasta ahora apenas nadie ha conseguido introducirse en el mercado. Pues bien, aprovechando su estrecha relación con la Administración, Repsol Butano ha conseguido de la misma una nueva fórmula de cálculo de precios que le ha permitido pasar de un beneficio de 7.000 millones de pesetas al año a uno de 30.000 millones. El argumento, para conseguirlo es que los GLP en España son más baratos que en Europa, un argumento falso, ya que en Europa los GLP sólo se consumen en zonas rurales y remotas, por lo que los costes de distribución son elevadísimos, mientras que en España es de uso generalizado, con un consumo fuertemente concentrado en zonas urbanas de bajo coste de distribución.

El resultado de ambos casos es que los consumidores están pagando entre.70.Oó0 y 100.000 millones de pesetas anuales más por decreto, sin que exista competencia. Sin más que una decisión administrativa que fijara los precios máximos iguales a la media europea y no por encima, y los GLP conforme a un escandallo rigurosamente calculado, como ocurre en todo sector monopolístico, el ahorro para el consumidor sería espectacular. Después, la Administración debería eliminar completamente la situación de oligopolio, como es su obligación, y cuando existiera una competencia de verdad, se podrían liberalizar los precios, pero nunca antes.

El caso del gas natural es igualmente disparatado. España llegó tarde a esta energía por carecer de yacimientos propios, al contrario que la mayor parte de los países europeos, y la tuvo que desarrollar en forma muy cara (importando gas licuado por vía marítima). Un desarrollo limitado de esta energía, aun siendo cara, estaba justificado por diversas razones, pero después alguien decidió extenderla. Esto es un error, tanto en términos económicos como energéticos, ya que, en primer lugar, se está imponiendo al consumidor (y subrayo imponiendo porque en la mayoría de los casos el usuario no tiene opción, y, desde luego, carece. totalmente de información comparada) una energía dos veces y media más cara que la alternativa (cuadro 1), lo que conduce a un encarecimiento innecesario de los costes energéticos del país, y, en segundo lugar, se está reduciendo nuestra seguridad de aprovisionamiento, al sustituir una energía procedente de una gran diversidad de países, por otra de un solo origen, que además es de alto riesgo.

Además, encarecer los suministros energéticos al consumidor final y empeorar nuestra seguridad de aprovisionamiento, ni siquiera resulta gratis. Los contribuyentes españoles deberán pagar por ello unos 80.000 millones, que es lo que costará la infraestructura de aprovisionamiento, que no van a pagar las compañías. de distribución. Los resultados globales, ampliamente negativos, se dividen en dos partes, las pérdidas (o las grandes inversiones) que van a costa del contribuyente, y los beneficios, que los realizan las sociedades que ostentan el monopolio de distribución, y que los están ampliando cada día amparados en el BOE. De nuevo aquí, el dinero de los contribuyentes sirve para encarecerer precio de la energía que consumen, algo insólito en Europa.

En cualquier caso, es ya demasiado tarde, pues las inversiones principales ya están en marcha. Lo único que puede y debe hacerse en, este momento es un reparto completamente diferente de beneficios y pérdidas, ya que es algo incomprensible el que las sociedades distribuidoras incrementen sus beneficios en forma meteórica, mientras el Estado financia la infraestructura a fondo perdido.

En definitiva, la lucha contra la inflación, antes de recurrir a medidas de política monetaria restrictiva que reduzcan nuestro crecimiento económico, debe pasar por una revisión en profundidad de los procesos de formación de precios en sectores esenciales.

El problema que plantean los monopolios no es sólo que producen una inflación anormalmente elevada, sino que además expulsan la inversión productiva. Así ha ocurrido con la siderúrgica vasca Marcial Ucín, que ha optado por instalarse en Bayona (Francia), no por una cuestión salarial, sino porque los precios de la electricidad son en España muy superiores a los del entorno y las tarifas portuarias también.