El alcalde propondrá a Interior situar cámaras de vigilancia en las calles

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, quiere fijar cámaras de televisión en los históricos edificios del distrito Centro para barrer la delincuencia de sus calles. Así lo propondrá en la Junta Local de Seguridad que se celebrará el martes, y que está formada por representantes municipales, de la Delegación del Gobierno (Ministerio del Interior), del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y de la Administración autonómica.Álvarez del Manzano volvió a ensalzar ayer el modelo de vigilancia audiovisual que Londres aplica en su barrio de negocios -la City-, un área urbana parecida al Azca madrileño. El alcalde -que acaba de regresar de una visita oficial a la capital británica- se topó allí con las cámaras clavadas en las alturas para prevenir atentados terroristas. "Estas cámaras han tenido una consecuencia indirecta importante para combatir altercados callejeros y prevenir un buen número de delitos", aseguró.

La idea del alcalde del PP ha sido duramente criticada por el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Barranco, quien comparó el sistema de vigilancia callejera por cámaras con las actuaciones de regímenes dictatoriales y repúblicas bananeras. Álvarez del Manzano replicó ayer: "Acabo de llegar del país más democrático del mundo y allí están implantadas las cámaras. Además, en Alcobendas, con un Gobierno socialista, también las hay", resaltó. La idea de la videovigilancia fue proyectada por el propio Ministerio del Interior hace unos meses (EL PAÍS del 31 de marzo de 1994), si bien luego quedó desechada porque suponía una inversión muy costosa, tanto en personal que efectúe el seguimiento de las grabaciones -horas y horas de vídeo en cada terminal- como por el material en sí mismo.

El jefe regional de Protección Ciudadana (Comunidad de Madrid), el socialista Jorge Mutra, coincide con el alcalde. en que es una buena idea. No obstante, el delegado del Gobierno, Arsenio Lope Huerta, señaló ayer, por boca de un portavoz, que es contrario a esa propuesta "por atentar contra la libertad de los ciudadanos", informa Ana Alfagerne. -

"El uso de cámaras se impone en Europa", dice el director regional de Protección Civil. La idea municipal contará, pues, en la Junta de Seguridad con el anunciado apoyo de la Comunidad de Madrid, puesto que el director general de Protección Ciudadana, Jorge Murtra, forma parte de ese organismo. "Reforzar la capacidad operativa de la policía en defensa del ciudadano siempre es positivo", declaró ayer Murtra a este periódico. "El sistema de control mediante cámaras de televisión en zonas de grandes aglomeraciones humanas", añadió, "ha empezado a imponerse en Europa. En París, por ejemplo, hace tiempo que se colocaron en las cercanías ferroviarias".Murtra, que antes de ocupar este cargo en la Comunidad de Madrid se responsabilizó del departamento de protección civil de Renfe, aprobó entonces la instalación de un sistema de vigilancia por cámaras en numerosas estaciones ferroviarias. "Y nos dio muy buen resultado", recuerda.

El responsable de Protección Ciudadana de la 1 Comunidad advierte que para aprobar este modelo de vigilancia hay que garantizar antes que se va a hacer un uso correcto de las imágenes. "Si el único objetivo es cumplir con la seguridad y la libertad individual, no encuentro ningún inconveniente".

La portavoz de Izquierda Unida en asuntos de seguridad ciudadana, Susana López, rechazó ayer la propuesta del alcalde: "'Es una intromisión en la intimidad, inadmisible".

El único problema del modelo, según el alcalde, es su coste. La Comunidad de Madrid, según declaró ayer Jorge Murtra, estaría dispuesta a estudiar una posible ayuda financiera. Ésta fue precisamente una de las dificultades que dejaron arrinconado en su día el proyecto del Ministerio del Interior para las grandes ciudades españolas. Aquel estudio pretendía evitar la presencia estática de agentes en las calles, servir como elemento disuasorio y disponer de un material gráfico de relieve para aclarar cualquier suceso. Interior pensaba que la inversión y los gastos podrían ser cofinanciados por los ayuntamientos de las ciudades en que se instalaran.

El ministerio esgrimía una sentencia del Supremo para adelantarse a las eventuales críticas de que intentaba impulsar un Estado policial orwelliano (en referencia a George Orwell, autor de 1984 y Rebelión en la granja). Tal sentencia, según Interior, avala la legitimidad del uso del vídeo para 1abores de vigilancia u observación de lugares o personas que pudieran estar relacionadas con el hecho que es objeto de la investigación".

El salto cualitativo entre esa sentencia y lo que se propone ahora consiste en que se grabaría no sólo a personas sospechosas, sino a todo viandante que pase bajo el objetivo.

Los promotores de aquel proyecto argüían también que de hecho ya los bancos, las comisarías, los cuarteles, los centros de la Administración y otras entidades públicas o privadas disponen desde hace años de cámaras que graban a todas las personas que transitan por esos lugares. Precisamente una de esas cámaras; -la de un banco- sirvió para identificar a Juan Jesús Narváez Goñi y José Luis Urrusolo como miembros del comando itinerante de ETA cuando caminaban en 1992 por una calle poco antes de cometer un atentado en Barcelona.