Un millón de colegiados poco sancionados

Representantes de 35 organizaciones de profesionales -abogados, médicos, notarios, registradores, arquitectos, economistas, ingenieros, veterinarios, procuradores- reconocieron la semana pasada, en un seminario sobre Deontología, organizado por la Unión Profesional (UP), que el millón de colegiados que en total reunen, tiene que ser objeto de un control disciplinario más fuerte, para garantizar los servicios prestados a la sociedad y la veracidad de los datos que acreditan. Nadie fue capaz de ofrecer cifras aproximadas sobre la proporción de profesionales sancionados, que no se corresponden con las críticas de los ciudadanos al mal servicio que muchas veces prestan.El propio Eugeni Gay, presidente de UP y del Consejo General de la Abogacía, se quejó de las dificultades para sancionar a los abogados españoles, en comparación con lo que ocurre en Francia o en el Reino Unido. Relató que en este país un abogado fue sancionado por bigamia, "por haber obtenido dos certificados de matrimonio, lo que había implicado mentir", explicó.

El catedrático de Derecho Administrativo Lorenzo Martín-Retortillo insistió en la importancia de la veracidad entre los deberes de los profesionales y reconoció que "parece que en España tenemos bula, porque valen los troleros y mentirosos". Destacó la importancia de la veracidad no sólo para los notarios y demás fedatarios, sino también para todos los profesionales que tienen que certificar, peritar, garantizar la calidad de los productos o de la sanidad animal, así como de los vertidos o fluentes. Recordó que, en el caso de los abogados, la Unión Europea les prohibe que faciliten una información falsa al juez.

Los distintos profesionales se hicieron reproches cruzados en calidad de usuarios de servicios ajenos o como ciudadanos interesados por el buen funcionamiento de profesiones ajenas. Así, Fernando,López de Ceballos, del Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, aseguró que había reconvenido a un letrado por falta de honestidad profesional y el colegio de abogados llevaba 10 meses sin contestarle.

Vicente Alonso Morales, secretario general del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas, se quejó de que, del total de unos 20.000 colegiados, los mil que se dedican a tasaciones agrícolas sufren coacciones de la entidad pagadora, que amenaza con dejarles en la calle.