Víctimas por partida doble

España, a diferencia de otros países de su entorno, aún no cuenta con un sistema para indemnizar a todos los afectados por crímenes violentos, y el delito, primero, y la impotencia, después, les convierten en víctimas por partida doble.La petición de los fiscales antiterroristas para que los etarras reinsertados abonen a sus víctimas las indemnizaciones a que fueron condenados por los tribunales ha vuelto a poner sobre el tapete la marginación que sufren los dañados en delitos violentos. Además de la pérdida de familiares o el padecimiento de lesiones y discapacidades, éstas víctimas se ven forzadas a afrontar largos procesos que casi siempre concluyen sin resarcimiento por insolvencia del delincuente, o con el archivo de la causa por desconocerse al autor de delito.

Penalistas y magistrados coinciden en que en las últimas décadas se ha prodigado la defensa de los derechos humanos del delincuente y la mejora del sistema penitenciario, mientras que la víctima ha quedado relegada por la justicia a la condición de convidado de piedra.

En un reciente trabajo editado por el Consejo del Poder Judicial, los tratadistas coinciden en que durante el proceso judicial la víctima apenas cuenta: actúan el poder del Estado, por un lado, y el delincuente, por otro; mientras que la víctima queda al margen, abandonada y desconocida.

En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a sus Estados miembros a crear fondos nacionales para indemnizar a las víctimas de delitos graves que padeciesen lesiones corporales importantes, así como a los familiares de fallecidos e incapacitados. En España, a diferencia de la mayoría de los países europeos, aún no existe un fondo nacional con ese fin.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó en 1991 una propuesta para que el Estado adelantara a las víctimas de todos los delitos violentos, terroristas o no, las indemnizaciones a las que fueran condenadas sus agresores. El proyecto, apoyado por todos grupos parlamentarios, fue rechazado en marzo de 1993 por la mayoría socialista. La AVT presentó un segundo proyecto restringido a víctimas del terrorismo, y comenzó a reclamar a etarras excarcelados las indemnizaciones a que fueron condenados.Reparación económica

"La postura de Xabier Arzalluz [PNV] de que se olviden las indemnizaciones que deben afrontar los etarras excarcelados constituye la quiebra en el Estado de derecho", asegura el secretario general de la AVT, Luis Delgado. "El Estado no sólo debe velar por los derechos del delincuente, sino también por el derecho de la víctima a una reparación económica", afirma. "Si la reinserción resulta difícil teniendo que pagar, eso se lo han buscado ellos solitos. Pero si no asumen esa responsabilidad demostrarán que no están resocializados".

Las estadísticas judiciales desconocen la cifra total de indemnizaciones que fijan las sentencias para el conjunto de las víctimas de delitos violentos, pero la AVT ha estimado en 60.000 millones de pesetas las establecidas desde 1978 por delitos terroristas. Desde ese año, el Estado ha pagado unos 3.500 millones a las víctimas del terrorismo, según fuentes del Ministerio de Interior.

Pedro Cerracín, abogado de la AVT, dice que Interior viene pagando entre dos y cuatro millones de pesetas por cada fallecido en atentado terrorista, cifra muy inferior a los 20 millones que se han fijado en alguna sentencia de este año. "Si un herido queda tetrapléjico se pagan hasta 10 millones, pero es que se están concediendo hasta 100 millones por accidentes de tráfico", añade el letrado.

Luis Delgado añade que las víctimas de atentados sufridos después de 1992 han quedado "bastante protegidas", y ahora, tras muchos años de penalidades, comienza a arreglarse la situación a las demás mediante pensiones de carácter retroactivo.Cafetería Rolando

"En el atentado a la cafetería Rolando, de la calle del Correo [Madrid, 1974]", rememora Delgado, "murió un matrimonio y sus dos niños quedaron a cargo de los abuelos, que no recibieron ninguna ayuda. También murió el cocinero y su viuda pasó 20 años de penalidades para sacar adelante a sus hijos con una pensión de 15.000 pesetas. Al fin, el año pasado le concedieron una pensión con carácter retroactivo". Delgado puntualiza, sin embargo, que las víctimas renunciarían a las indemnizaciones con tal de que los terroristas cumpliesen en prisión las penas.

Pero si las víctimas del terrorismo cuentan con alguna cobertura, otras muchas siguen a la espera. Prácticamente en la totalidad de casos de muerte o lesiones derivados de delitos contra la propiedad, el delincuente es insolvente y la víctima no percibe indemnización alguna.

Sólo si el delito violento es cometido por agentes de la autoridad y el Estado es declarado civil subsidiario la víctima percibe la indemnización, como ha sucedido en el caso Amedo.

Los tribunales tampoco se han distinguido por su celo en la reclamación del resarcimiento a los delincuentes. En la última memoria de la Fiscalía del Estado se denuncia la tendencia a burocratizar las reclamaciones con diligencias automatizadas que se limitan a recabar si el procesado contribuye a Hacienda, si es titular de algún vehículo o tiene inscrito algún inmueble.