El gato que se tragó el cascabel

El 1 de mayo de 1981 -significativa coincidencia con la fiesta internacional del trabajo- José Piñera, ministro del Gobierno de Chile bajo el mando del dictador golpista Augusto Pinochet que derrocó por las armas al Gobierno de Salvador Allende, patrocinó la reforma del sistema de Seguridad Social, suprimiendo en la práctica el sistema precedente.La nueva Seguridad Social, única en el mundo que sustituye un sistema público de reparto, consistió en un sistema de capitalización financiera individual al que optaban los trabajadores chilenos por cuenta propia y cuenta ajena. La opción, que suponía el abandono inmediato del sistema público de reparto, implica el abono directo -de su renta del trabajo- por los empleados del 10% de su salario imponible -adaptado a Unidades Reajustables (UF)- a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Además, una cotización adicional para la prima de un seguro que cubriese las contingencias de invalidez y fallecimiento -del orden de un 3%- y que la AFP contrata normalmente con una compañía aseguradora gestionada por administradores amigos a la que se transfiere la prima desde la AFP después de una pequeña retención. La oferta tuvo tanto atractivo porque elevó los salarios reales en tomo a un 11% como consecuencia de que la cotización del 10% era menos de la mitad de las cotizaciones a la antigua Seguridad Social. Las prestaciones de jubilación en el futuro estarán en función de los recursos acumulados en la cuenta individual. En ese momento, lo que sucede en la gran mayoría de los casos, el trabajador contrata una renta vitalicia -pensión de jubilación hasta su fallecimiento- con la compañía aseguradora vinculada a la AFP.El Estado mantiene la obligación con las pensiones anteriormente causadas a 1981. Reaconoce también unas pensiones asistenciales no contributivas. Reconoce unas pensiones mínimas derivadas de las, AFP con 20 años de cotización y asumió los bonos de reconocimiento individuales, capitalizados al 4% en el momento de la jubilación, con la intención de indemnizar los periodos cotizados al anterior sistema por cada trabajador.

En algunos casos, relacionado con lo anterior, en las últimas semanas se vienen prodigando los comentaristas políticos o económicos acerca del futuro del sistema de prestaciones públicas, aunque de paso más de uno meta en el mismo saco las prestaciones complementarias, basadas en la capitalización, que distintas empresas tienen acordadas con sus trabajadores y que muchas otras desarrollan en el futuro. La consigna recibida -entiendo que retribuida- es "confundir que algo queda".

En concreto, en estas páginas ha aparecido una serie de artículos en distintos sábados firmados por el profesor Pedro Schwartz (miembro de la delegación española en la Trilateral), insistiendo en las bondades del denominado modelo Chile. En el penúltimo capítulo (del 30 de julio de 1994), el disco parece rayado, por cuanto repite parte de los enunciados del titulado El cascabel de las pensiones (del 18 de junio de 1994). Digo enunciados porque en ninguna parte de los artículos se presentan datos que soporten las afirmaciones que se hacen. Más bien habría que decir que, a la vista de la información contrastada acerca de las ventajas que se enuncian, la realidad es bastante diferente de la que se describe.

Para empezar se presenta como novedoso al sistema chileno -basado exclusivamente en la capitalización financiera individual-, cuando ya en Kenia lo experimentaron los ingleses en los años cincuenta. Muy cucos ellos, los colonizadores no lo quisieron en cuanto sistema básico para su metrópolis. Algo así debió pensar Pinochet porque para él y sus allegados (todos los militares) se sigue aplicando el sistema que existía hasta la reforma de 1981; es decir, el de reparto y solidaridad intergeneracional, mientras que a la población en general se la conduce a un modelo que promete el maná: menos del 50% de sus bases de cotización o de su último salario en activo.

Ya que tanto se insiste en que "el espadón más de una cosa hizo bien", ¿por qué ocultar que la muerte persiguió a cuantos se opusieron al dictador golpista y, por tanto, difícilmente en ese contexto podría haberse abierto un debate para conseguir un consenso sobre el futuro de las pensiones? Más bien al contrario, el modelo se impuso por la fuerza de las bayonetas, y de las recetas que le vinieron de quienes luego coparon la inmensa mayoría del mercado.

Porque en lo último está la clave. Vamos a ver, señor Schwartz, parece mentira que diga las cosas que dice en sus artículos, resulta incomprensible que se afirma -gratuitamente- y de forma tan rotunda cuestiones que según mi información no son como usted las describe.

Afortunadamente, en este país, España, el debate sí es posible. Veamos: ¿en el largo plazo -para un sistema de previsión social 60 o más años-, se han dado rentabilidades del 12% real como las que usted dice? ¿Cuánta ha sido la rentabilidad real obtenida en economías relativamente estables como EE UU o Suiza en la deuda pública a largo plazo en un periodo como el que mencionamos? ¿Cómo evoluciona el PIB y el IPC en Chile? ¿La rentabilidad es igual para todos los trabajadores?

Si una parte de la población activa no cotiza: ¿Cuántos hay ya en Chile? ¿Se incrementan las necesidades de pensiones no contributivas para esos empleados? ¿Quién paga esas prestaciones?

Puesto que sabe tanto sobre Chile, ¿cuánto eran los costes de administración del anterior sistema y el del nuevo? ¿Sobre quién repercuten dichos costes? No creo que la respuesta le favorezca. Tendrá que aportar datos y fuentes.

¿Y la competencia entre gestoras / aseguradoras? El sacrosanto mercado no ha conducido adonde usted nos habla, ¿Cuántas gestoras hay? ¿Quién paga los gastos de comercialización? ¿Cuántas acaparan el mercado? ¿De quiénes son filiales? ¿No será que el gato es tan voraz que se tragó el cascabel? Y así podría continuar, pero prefiero que se presenten informes rigurosos en lugar de alegatos doctrinarios sin fundamentar, como ya tuve oportunidad de pedirle al imparcial e ilustre catedrático, en un seminario público en el que usted se encontraba jaleado por los adalides de los defensores de los sistemas privados sustitutorios, no complementarios y que no pueden garantizar lo que prometen. Porque, señor Schwartz, no parece que usted dependa ni de las pensiones públicas, ni de las privadas, sino de sus emolumentos como directivo en una empresa. ¿Del sector de seguros? ¿Del energético? Déjenos de discos rayados, de hablar del modelo de Kenia, perdón, del modelo de Chile, y hablemos de Europa y del debate sobre previsión para la protección de la población o productos financieros para la ganancia de unos pocos. Sinceramente, espero el debate con datos en la mano, porque parece que usted no los tiene, o, lo que es peor, no los quiere publicar. Tendrá, pues, que demostrar su imparcialidad. Desde luego yo soy parcial: defiendo el sistema público y a la vez un sistema complementario serio, estable y europeo. Si usted quiere hablaremos en profundidad de esos modelos más cercanos: británico, francés, alemán.

No haga demagogia, el Régimen General de la Seguridad Social al que estamos afiliados todos los trabajadores por cuenta ajena tendrá en 1994 un superávit, de 400.000 millones de pesetas. No condicione el debate que se está abriendo para conformar el sistema español de cuatro niveles:

1. Nivel público universal que, financiado con impuestos, abarcaría la asistencia a la salud y las prestaciones sociales de todos los españoles por su condición de serlo.

2. Nivel público asistencial -pensiones no contributivas- que abarcaría a las personas de bajos ingresos que no obtuviesen pensiones contributivas y financiado vía presupuestaria.

3. Nivel profesional a través de un sistema público y obligatorio de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia, financiado por contribuciones de empleadores y empleados y cuyo carácter contributivo hay que reforzar eliminando discriminaciones que no atiendan a toda la vida profesional de los cotizantes y de sus retribuciones.

4. Nivel complementario y libre, financiado con rentas del trabajo a través de fondos de pensiones de empleo.

Los ejes del debate son otros, ¿cuál es su posición?: ¿Sistemas de previsión social o sistemas financieros? ¿Sistemas colectivos o sistemas individuales? ¿Gestión pública o gestión privada? ¿Control social o mercados manipulados? El debate es muy serio: es el contrato social.

es responsable del Área de Planes y Fondos de Pensiones de CC OO y miembro del colectivo Planes de Pensiones Democráticos (PPD).