Pensiones sin demagogia

¡Qué cara de satisfacción la del secretario general para la Seguridad Social en la foto de- EL PAÍS, tras el curso sobre pensiones en la Universidad Menéndez Pelayo de primeros de agosto! El periodista, entusiasmado, habló de la "habilidad florentina" de don Adolfo Jiménez y otros burócratas europeos al defender el "Estado de bienestar" de "duros embates teóricos". Traducido al castellano, ello quiere decir que falsearon la realidad como endurecidos tartufos de un Ministerio de Información y Propaganda orwelliano. Hay soluciones, ninguna perfecta, para el problema de las pensiones, mas la primera condición es discutirlas partiendo de la verdad. El sistema de reparto que sirve de base a todas las Seguridades Sociales de Europa se encuentra en estado crítico, principalmente por la caída de la proporción de los que pagan (los empleados con sus cuotas) respecto de los que cobran (los retirados con sus pensiones).

Pero el intento de convertir los sistemas de reparto en puros sistemas de capitalización sólo resolvería una parte de los problemas. Sería aconsejable (y constitucional) ir hacia un, sistema, mixto, en el que hubiera: a) una pensión minima igual para todos los residentes, sufragada por los impuestos generales; b) una pensión capitalizada sobre la base de un porcentaje de contribución obligatoria de los ingresos de todas las personas activas, deducible de la base del IRPF; y c) un tramo voluntario libre. Al decir esto, ni quito ni pongo rey, sino ayudo a mi señor, que es el pueblo soberano.

No invento la grave enfermedad de las pepsiones de las Seguridades Sociales europeas. Todas ellas están endureciendo las condiciones de cobro de las jubilaciones. Se alarga el período durante el cual hay que haber cotizado para poder cobrar la pensión máxima: es muy distinto haber trabajado 20 años que 40. Se fija la pensión, cuando depende de los ingresos del trabajador, según los salarios habidos en un plazo cada vez más largo: por ejemplo, en la re forma propuesta en Italia se contabiliza el salario medio de la vida laboral entera. Se coloca un techo a la pensión máxima: así, en España no se pueden cobrar dos pensiones de la Seguridad Social aunque se haya cotizado por dos trabajos, ni puede la pensión pasar de 3.557.960 pesetas anuales, comparada con una pensión, media de 1.171.380, lo que claramente discrimina a las personas con ingresos más altos.

En el cuadro que acompaño aparece la proporción de la pensión sobre los ingresos en los cuatro países de la CE con mayor, tasa de cobertura. "Tasa neta" quiere decir la- proporción de la pensión sobre los ingresos en el momento del retiro después de impuestos y cuotas. En ese mismo cuadro podrán ver el efecto que tienen sombre. las pensiones la reducción de los años de cotización, que en realidad no deberían influir en un sistema que no es de acumulación. Además, la cifra tan alta de España es engañosa. Según la Comisión, en el año de 1992, la proporción media de la pensión sobre la media de los ingresos cubiertos por la Seguridad Social era del 69,5%. La razón de ello es la duracción actuarial del 8% al año por retiros anticipados: hay que saber que en el año de 1992 los nuevos pensionistas se retiraron por término medio a los 62,4 años, en vez de a los 65. No quiero marearles con cifras, pero sí debo darles una idea de la magnitud del problema: como el pago del total de las pensiones se ha presupuestado para 1994 en 6,7 billones de pesetas, lo que supone el 23,5% del gasto consolidado de las Administraciones públicas y aproximadamente el 10% del PIB, proporciones que crecen todos los años. El ahogo se está haciendo insostenible.

La razón principal por la que un sistema de reparto se hace insostenible es la de que disminuye la proporción de trabajadores activos respecto de los retirados. Se ha calculado que podría llegar un momento en España en que, para mantener las promesas hechas, los activos habrían de dedicar el 60% de sus ingresos a sufragar los ingresos de los retirados.

Todas las pensiones, las de jubilación, las de viudedad, las de invalidez, pese a lo que mendazmente firmó el secretario general e la Seguridad Social, aumentan con la prolongación e la vida, y recaen sobre los hombros de un número de activos cada vez menor. La presión de los activos para sustraerse a esa obligación puede hacerse insostenible. Un remedio es el de retrasar la edad del retiro obligatorio, pues cada año que se prolonga la vida de trabajo, como lo justifica la mayor salud y longevidad de los mayores, equivale a restar dos de las obligaciones de las pensiones públicas. Otro remedio es el de pasar a un sistema de capitalización.

El problema del paso de un sistema a otro es que los sistemas basados en el reparto no pueden abandonarse sin defraudar a una generación. Si los nuevos trabajadores activos pasan a un sistema de capitalización a partir de quienes entren este año en el mercado de trabajo, sus cotizaciones no servirán para pagar las pensiones de quienes sí cotizaron para sus mayores. Por ello, el paso a un sistema chileno, exige que el Estado emita unas obligaciones de deuda pública para entregarla a cada uno de los trabajadores que, no teniendo tiempo en lo que les queda de vida laboral de acumular una pensión digna, quieran pasarse a un fondo de pensiones privado. Es decir, que alguien tiene que pagar, y mucho, por esa deseada transformación.

Como me ha hecho observar mi docto amigo José Luis Oller, la lamentada instauración del reparto no fue caprichosa, sin embargo. Todos los sistemas de Seguridad Social empezaron por la capitalización de las aportaciones obligatorias de los trabajadores en mútuas. En España, la inflación causada por las caprichosas subidas salariales del falangista José Antonio Girón destruyó el valor de los fondos acumulados y Fernando Suárez se vio obligado a financiar las pensiones con las contribuciones corrientes.

Todos los sistemas de capitalización corren el peligro de vaciarse si los Estados pueden destruir el valor del dinero. Ni siquiera las inversiones en el extranjero están del todo a salvo de esas expropiaciones, Cuando todos los países a una juegan con los precios y los cambios. Por eso es prudente mantener una mezcla de los dos sistemas.

Además, esa mezcla es constitucional, tanto de la Constitución española, como de una constitución democrática natural. El artículo 41 de nuestra carta fundamental promete un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. La prudencia política y el deseo de evitar discriminaciones caprichosas aconseja una pensión pública mínima igual para todos. Esa pensión permitirá que la obligación del Estado para con los trabajadores mayores que quieran inscribirse en un fondo privado no sea tan onerosa. Y se evitarán los recortes disimulados.

La incapacidad de cumplir sus promesas en punto a jubilaciones, pese a un gasto en permanente crecimiento, constituye uno de los más graves problemas de las democracias europeas. El recorte inconfesado que se hace, año tras año, de lo que se paga a los retirados no es sino un desagradable ejemplo de hipocresía institucionalizada.