Bloqueo del Estado

POR ENÉSIMA vez, el PSOE y el PP se declaran dispuestos a reabrir el diálogo para superar la parálisis institucional, especialmente la que atenaza al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, parece al menos dudoso que lo que no han sido capaces de hacer en el último año lo hagan cuando sus intereses políticos están más distanciados que nunca. De ahí el escepticismo con que hay que acoger el anuncio de que dirigentes de ambos partidos se reunirán esta semana para negociar a puerta cerrada fórmulas para desbloquear la situación.Si el PSOE no tuvo escrúpulos en hacer de la designación de los altos cargos un medio de ocupación institucional cuando dispuso de mayorías absolutas parlamentarias, tampoco los tiene ahora el PP en utilizar esto como un instrumento de acoso al Gobierno en su afán de desalojarlo del poder. Los españoles asisten atónitos al espectáculo de cómo se pasa de la patrimonialización de las instituciones del Estado a su neutralización o bloqueo más irresponsable por parte de quienes están constitucionalmente obligados a procurar su correcto y normal funcionamiento.Es difícil encontrar un ejemplo más consumado de desprecio a las reglas democráticas que el que están dando los dos principales partidos del país en la designación de los altos cargos institucionales. Los partidos políticos, sobre todo los dos mayoritarios, se los han distribuido entre sí a través del denostado sistema de cuotas; rara vez han respetado los plazos que marcan las leyes para efectuar sus relevos en el tiempo y la forma debidos, y ahora los dejan vacantes por tiempo indefinido en el marco de una estrategia electoral y política que, por decirlo con un término suave, es mezquina.

Con el afán, quizás, de desdramatizar la situación y quitar importancia al escándalo, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, ha dicho que "la gente está más preocupada por la escuela, por el hospital o por la economía que por el Defensor del Pueblo o por quién sea quien integre el Consejo General del Poder Judicial". Seguramente es así, pero ello no quita gravedad política al asunto. La ausencia de normalización institucional se traduce en ese pesimismo y desentendimiento políticos que las encuestas detectan cada vez más entre los ciudadanos españoles. Aparte de que la parálisis o el mal funcionamiento de instituciones básicas del Estado no puede dejar de influir negativamente en los problemas concretos de la ciudadanía.

Porque no cabe duda de que dejar de cubrir seis vocalías vacantes del CGPJ, impidiendo con ello que funcione la institución, sí afecta al menos a un servicio básico para el ciudadano como es la justicia. De ahí que el reciente encuentro entre González y Aznar no debería haber concluido sin establecer, al menos, las premisas para un rápido acuerdo en esta materia. No sólo porque es uno de sus deberes pendientes desde la, anterior legislatura; también y fundamentalmente porque el CGPJ forma parte de ese espacio constitucional básico, regido por principios y exigencias de interés general, al que los partidos políticos deberían preservar de sus pugnas y mantener al abrigo de sus estrategias políticas.

El PP no parece tener ningún interés en la normalización. Lo demuestra el último argumento, o más bien pretexto, que se ha sacado de la manga para condicionar su colaboración. Propone el desbloqueo de esa situación a cambio de sustituir el actual sistema de designacion parlamentaria del CGPJ por la fórmula previa de su elección por la judicatura. Esto supone lisa y llanamente anteponer una discutible aunque defendible opción política partidaria a un deber legal e institucional que el Partido Popular no puede dejar de cumplir. Los dos partidos de mayor responsabilidad en el Parlamento deben dejarse de artimañas políticas que sólo los desacreditan. A ellos y, lo que es mucho más grave, a las instituciones. Y deben hacerlo ya, ahora y sin condiciones.