El fiscal general advierte que la prisión debe ser una medida excepcional

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, advirtió ayer que "la prisión es una medida excepcional", en respuesta a una pregunta sobre el supuesto abuso de la orden de ingreso en la cárcel por algunos jueces, en concreto el magistrado Miguel Moreiras en el caso PSV. Granados dijo también que "el proceso debe ser rápido, la instrucción corta y el juicio largo" y anunció que potenciará la investigación prejudicial a cargo de los fiscales.

Granados intervino sobre La actualidad del mundo penal. Delitos en el mundo de hoy, en el curso de periodismo jurídico que organiza la Escuela de Periodismo de la Universidad -Autónoma y EL PAÍS, patrocinado por el Consejo General del Notariado, y que se clausura hoy en Miraflores de la Sierra (Madrid).En el coloquio que siguió a su conferencia, el fiscal general del Estado insistió en que la prisión preventiva es una medida cautelar que debe aplicarse de modo excepcional. "Lo importante", dijo, "es que el juicio se celebre pronto, porque resulta peligroso para los derechos fundamentales que, tras una larga prisión preventiva, se produzca una sentencia absolutoria". Pidió a los magistrados que no se dejen influir por "el clamor social", sino por la gravedad del delito y la posibilidad de eludir la acción de la justicia.

Para Granados, en la gran mayoría de los casos penales, las pruebas están dispuestas pocos días después de los hechos y los testigos los recuerdan mejor, por lo que lo correcto es celebrar pronto la vista oral, en lugar de una dilatada instrucción, que a veces tortura a víctimas y acusados. "Por ejemplo, cuando se realizan sucesivas ruedas de reconocimiento en la policía y en el juzgado es posible que el acusado cambie su fisonomía, mientras que una vista rápida resulta siempre beneficiosa", explicó.

El fiscal general mantiene el criterio de que "hay que acabar con los sumarios muy largos y los juicios muy cortos" y, por el contrario, estima que, "al revés, la Pase de investigación judicial debe ser corta y el juicio largo y completo". De ahí el entusiasmo que Granados mostró por el juicio por jurado, en el que ya no podrán emplearse muletillas como "se da por reproducido", referidas a muchas de las pruebas de la causa.

Fiscales investigadores

En cambio, Granados anunció su propósito de "potenciar las, diligencias informativas preprocesales, a cargo de los fiscales, porque creo que es importante que ellos orienten la investigación policial y obtengan las pruebas con las que, en la mayoría de los casos, se deberá pasar a la fase del juicio oral".El fiscal general aseguró que esta medida no requiere una reforma legislativa. Explicó que actualmente es posible la presencia del fiscal desde el comienzo de la recogida de pruebas y conveniente para orientar la actuación policial". Reconoció que "para que el Ministerio Fiscal esté próximo a los hechos será preciso dotarle de medios personales y materiales suficientes".

Granados resaltó del proyecto de Código Penal que "potencia las medidas alternativas a la cárcel en los delitos pequeños". Se mostró partidario de la libertad a prueba. Respecto a los incendios forestales, señaló que "más que aumentar las penas, lo que hay que hacer es fomentar la sensibilidad sobre la gravedad de estos delitos".

En cuanto a la presencia de cámaras de televisión en los juicios, anunció que dará instrucciones a los fiscales para que no se opongan a su entrada en las vistas, pero recordó que es necesario que tal presencia "no perjudique el enjuiciamiento de los hechos y que la acepten acusados y víctimas".

El curso de periodismo prosiguió con la simulación de una vista oral sobre los delitos de corrupción. El ex Defensor del Pueblo Álvaro Gil-Robles acusó a los funcionarios, incluídos los jueces, por el mal servicio que prestan a los ciudadanos. El abogado Gerardo Viada denunció la falta de medios de la justicia y "la utilización bufa de la acusación popular". El magistrado Joaquín Navarro sentenció que existen cuatro perversas disociaciones: entre ética y política, justicia y eficacia, libertad y seguridad y sociedad civil y sociedad política.

A propósito de los fondos reservados, Navarro discrepó del criterio del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y estimó que el funcionario público que no responde a un juez sobre tales fondos delinque. Discrepó también de Gil-Robles, para quien el secreto de los fondos reservados protege a la sociedad democrática y no es ocultación.