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ETA exige el pago de 100 millones a más de un centenar de empresarios de Madrid

ETA y su entorno necesitan rellenar sus, al parecer, exhaustas arcas y para ello han decidido exportar su chantaje a Madrid y otras ciudades no vascas. Entre 100 y 150 empresarios y profesionales, en su gran mayoría de la capital española, han recibido una amenazadora carta de la organización terrorista en la que se les exige entre 50 y 100 millones de pesetas. Al menos 14 de ellos han denunciado el caso al Ministerio de Justicia e Interior. Gran parte de los destinatarios de estas misivas son personas de reconocida capacidad económica, pero también han sido contactados profesionales y figuras conocidas por su relevancia pública.

Los recientes escándalos de corrupción son utilizados por ETA como argumento para exigir "una primera devolución de 100 millones de pesetas, ínfima parte, dicho sea de paso, de lo que usted ha sustraído a Euskal Herria". La carta es tajante: "La clase económica y política a la que usted pertenece sigue amasando beneficios y promoviendo la corrupción para, en descarada connivencia con los diferentes sectores políticos en el poder sectores de la burguesía regionalista vasca, arrojar sin escrúpulo alguno al paro y a la miseria a miles de ciudadanos vascos".La exportación del chantaje se produce tras las acusaciones de los empresarios y de los políticos vascos contra la organización terrorista por contribuir a la decadencia económica de Euskadi, que culminó en el compromiso de la patronal vasca para no pagar el llamado impuesto revolucionario.

Fuentes de la lucha antiterrorista creen que la campaña obedece a la asfixia financiera de Herri Batasuna y del diario Egin.

Por otra parte, más de un centenar de presos de ETA, cuya identidad los interesados y las autoridades quieren mantener en secreto para evitarles represalias, han "acreditado fehacientemente" su rechazo a las actividades violentas y su disposición a acogerse a las medidas de reinserción, según ha confirmado este diario en fuentes gubernativas y del propio organismo de Asuntos Penitenciarios. El hecho se interpreta oficialmente como la ruptura definitiva del así deno minado por ETA y HB frente de las carceles.

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Editorial en la página 14

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