La necesidad de un debate sobre la defensa

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZEl crecimiento exponencial de la cifra de objetores de con-. ciencia que se viene produciendo en España -sin parangón en los países europeos- está dando pie a un debate en los medios de comunicación sobre el servicio militar obligatorio; debate del que, como consecuencia, se deriva otro sobre el modelo de Fuerzas Armadas: mixto -como se prevé para el horizonte del año 2000, conforme al acuerdo adoptado en el Congreso de los Diputados en junio de 1991 - o profesional, puesto que en ningún caso se considera hoy la hipótesis de unos Ejércitos en los que la totalidad de la tropa y marinería fueran de reemplazo.Evidentemente, el tema del incremento de la objeción de conciencia, unido a las expectativas demográficas españolas para los próximos anos, supone, por sí mismo, un asunto de la suficiente importancia como para hacer pensar en la conveniencia de un debate político sobre el efecto que esta dinámica puede provocar con vistas al cumplimiento de los objetivos propuestos en el modelo FAS-2000 aprobado (que implica un volumen de efectivos globales de unos 180.000 miembros, con una tasa de profesionafización del 50%).

Sin embargo, afrontar el problema planteado exclusivamente en términos frenar y reconducir este proceso -quizá en parte debido a nuestra propia incapacidad para organizar el servicio civil sustitutorio- sería evadir la resolución del verdadero problema planteado en España de cómo configurar unas Fuerzas Armadas adecuadas a los objetivos de la defensa. Conviene recordar, a este respecto, que la reducción de los presupuestos de Defensa en los últimos años -paradójicamente desde 1991, año de la aprobación del modelo propuesto- imposibilíta su consecución, para la que se precisaba de un gasto anual sostenido del orden del 2% del PIB, inferior en todo caso al del resto de los países integrados en la OTAN (con la única excepción de Luxemburgo).

En definitiva, que nuestros Ejércitos estén constituidos parcialmente por personal de reemplazo o exclusivamente por personal profesional es una cuestión que afecta a los medios -y, por consiguiente, al gasto- y no a los objetivos de la defensa, y es la adecuación de aquéllos a éstos lo que debería ser objeto. de nueva reflexión por parte de nuestras fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, de este modo, alcance también a la sociedad en su conjunto.

La conciencia de la sociedad española sobre la defensa nacional -posiblemente por razones históricas- tiene un nivel más bajo que en la mayoría de los países- europeos. Como consecuencia, adopta una posición no exenta de un cierto desinterés que sólo se quiebra cuando surge el tema del servicio militar obligatorio; por lo que se refiere al gasto en Defensa la posición es obvia: a favor de su reducción, aun cuando, al tiempo, se esté decantando en la opinión pública un sentimiento favorable a los, ejércitos profesionales, sin que el nivel de información existente le indique si ese sentimiento es o no contradictorio con su postura.

Por otra parte, algunas opiniones políticas que se expresan públicamente contribuyen, sin duda, a crear cierto grado de confusionismo puesto que es frecuente escuchar argumentos tan contradictorios como los que se refieren a que unos ejércitos profesionales son demasiado caros -sin determinar su dimensión- o, por el contrario, que serían muy económicos si fueran suficientemente reducidos.Así, hay incluso voces que indican, demagógicamente, al ciudadano que debe saber a qué estaría dispuesto a renunciar, infraestructuras o gastos sociales, a cambio de un supuesto mayor gasto en Defensa, ignorando con ello dos cuestiones fundamentales. La primera, que -según el artículo 97 de la Constitución- es el Gobierno quien dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, obligándose por tanto a incluir, entre otras declaraciones programáticas, unos criterios básicos para la política a seguir en materia de defensa nacional; los ciudadanos, con su apoyo o su rechazo a ese programa de Gobierno, expresaran su opinión en las elecciones generales. La segunda que, en aplicación de dichos criterios, es igualmente el Gobierno quien debe proponer al Parlamento tanto el modelo de Fuerzas Armadas que considera adecuado como los presupuestos que es necesario aplicar para alcanzar dicho modelo en el plazo establecido; a los representantes de la voluntad popular corresponde su aprobación o rechazo. Al tiempo, otras voces expresan, con una rotundidad ayuna de datos que lo avalen, que unos ejércitos profesionales con 100.000 componentes puede significar exclusivamente un gasto del 1% del PIB, lo que implica un ahorro sobre el modelo FAS 2000 del orden del 50%.

Evidentemente, esta disparidad de opiniones sólo puede conducir a la siguiente pregunta: ¿en definitiva, el presupuesto actual de Defensa es mucho o es poco?, y, correlativamente, ¿por que es mucho o es poco? La respuesta a esta pregunta exige, inevitablemente, un juicio político. Pero un juicio político basado en la correcta valoración de las diferentes alternativas existentes para cumplir, con el menor coste y la máxima eficacia posibles, los objetivos de la defensa nacional. Si sobre esta cuestión se tiende un manto de secretismo, sólo justificado en algunos detalles adjetivos, no podrá responderse con conocimiento de causa a lo sustantivo de la pregunta. Y si, entretanto y por añadidura, se oculta el bajo nivel de operatividad -con la exclusión de algunas unidades profesionales- al que están conduciendo a nuestras Fuerzas Armadas las sucesivas reducciones presupuestarías, que imposibilitan así mismo el logro del modelo propuesto para el horizonte del año 2000, habrá que convenir que no se desea conocer la realidad. Pero la realidad es tozuda, y ahí está la dificultad añadida por el proceso desencadenado con la objeción de conciencia para confirmarlo.

En estas circunstancias, cabe preguntarse: ¿tiene sentido mantener un Ejército intensivo en medios humanos para luego decir que, con nuestra actual intervención en misión de paz en la ex República yugoslava, estamos al límite de nuestra capacidad?, y también: ¿es lógico aceptar una estructura de gasto para la defensa en la que un 83% del mismo se destina a gastos de personal, vida y funcionamiento del mismo y mantenimiento de material, dedicando únicamente un 17% a inversiones para la modernización de las FAS, aplazadas así prácticamente sine die y provocando con ello una crisis en nuestro sector de industrias de la defensa que puede provocar su casi total desaparición?

En la definición del modelo FAS 2000, debatido en el Congreso, se consideró que las grandes líneas del diseño militar europeo se encaminan hacia la consecución de unas FAS más reducidas aunque altamente tecnificadas y, por tanto, con un mayor grado de eficacia operativa, bien adiestradas y con gran movilidad, polivalencia y flexibilidad. En esa misma sesión se decía que el objetivo de una tasa de profesionalización en torno al 50% era prioritario al ser ineludible la potenciación de la tropa y marinería profesionales, cuya razón de ser consiste en asegurar la operatividad y eficacia de las unidades mediante la realización de aquellas tareas cuya responsabilidad o complejidad requieren una continuidad, experiencia. o periodo de formación prolongados. Así mismo, se reconocía que nuestras FAS carecían, aunque en grado diferente en cada ejército, de la proporción adecuada entre el volumen de sus efectivos humanos y el nivel de sus recursos materiales, por lo que era obligado adoptar las medidas necesarias para configurar una estructura de ejércitos que responda a parámetros similares a los que son comunes en los países europeos de nuestro entorno. Y se concluía que ello requería aplicar un esfuerzo presupuestario que tienda hacia el 2% del PIB (recuérdese que, en la actualidad, dicho esfuerzo se aproxima al 1,7% del PIB en términos OTAN).Pues bien, es evidente que, si por imposibilidad de financiación o por no disponer de los recursos humanos suficientes, ese modelo no fuera viable, habría que reconsiderar una vez más la entidad de nuestras FAS, sometiendo al Parlamento una propuesta que rebajara sustancialmente el personal militar, lo que conduciría, casi inevitablemente, a su total profesionalización y obligaría a un reajuste de la organización y el personal de las FAS (conviene recordar, a este respecto, que además existe un contingente de personal civil en Defensa de 45.000 personas, entre personal funcionario y laboral que, igualmente, se verían sometidos a una fuerte reestructuración).

Llegados a este punto es clara la necesidad de plantearse si unos ejércitos profesionales de una dimensión equivalente o ligeramente superior a la componente profesional del modelo FAS 2000 -esto es, en torno a 100.000 miembros-, debidamente estructurados, equipados y adiestrados serían suficientes en tiempo de paz (ante una situación de conflicto en un horizonte previsible habría de recurrirse, en cualquier caso, a una movilización en los términos que legalmente se establezcan) y si resultarían más económicos que el modelo de referencia. Y parece lógico responder afirmativamente a ambas cuestiones, aunque advirtiendo que el coste de esta alternativa no estaría tampoco muy alejado del 2% del PIB, al menos durante todo el largo y necesario proceso de reconversión. Son justamente estas dudas las que es obligado resolver para adoptar una u otra solución a la problemática planteada en la actualidad. Y ésta es la razón de que se considere necesario un nuevo debate sobre nuestra defensa.