La ponencia marco del congreso de UGT pide austeridad y control del gasto

La austeridad y el control del gasto deben determinar la gestión de UGT en el futuro para "mantener el liderazgo entre los trabajadores". Este objetivo se conseguirá evitando recurrir a entidades financieras y limitando el endeudamiento, según recoge la ponencia marco que se debatirá en el XXXVI Congreso que se celebrará el próximo mes de abril.En el capítulo de Política Organizativa dedicado a financiación, el texto afirma que el sindicato debe regularse por el principio de "autofinanciación", limitando su actividad a "aquella que le permitan sus ingresos estables".

Para ello, establece algunas cautelas, como que ningún organismo podrá presentar déficit de gestión durante dos ejercicios consecutivos o tres alternos en cinco años; de lo contrario, se someterá a un plan de saneamiento dirigido por la Comisión de Control y Análisis Económicos de acuerdo con la Ejecutiva Confederal.

Si algún "organismo" se endeuda por más de 50 millones con la Ejecutiva Confederal, se reducirá su autonomía presupuestaria.

El recurso a entidades financieras "deberá ser mínimo" y emplearse "exclusivamente cuando se presupuesten ingresos suficientes para afrontar la devolución del principal, así como costes financieros, que no deben superar el 10% del presupuesto anual".

Contabilidad paralela

Toda la confederación -señala la ponencia- se regirá por unas mismas normas de contabilidad, "quedando expresamente prohibida cualquier contabilidad paralela o de otras entidades que afecten a organismos de la Confederación".Por lo que se refiere al patrimonio, la actuación futura pasa por solicitar al Ministerio de Trabajo un inventario de los bienes y pedir su devolución. El documento apuesta por una solución "pactada" con el Gobierno, pero no descarta recurrir a la vía judicial ante la "eventual aparición de dificultades".

UGT ha comprometido todo su patrimonio para avalar los créditos concedidos por el ICO -9.200 millones de pesetas en total- durante la crisis del grupo IGS y la cooperativa Promotora Social de Viviendas (PSV).

En este sentido, el sindicato admite que sus actuaciones sobre vivienda social no han sido "positivas", lo que "aún obligándonos a reencauzar nuestros planteamientos, no puede conllevar el abandono de este servicio".

"La orientación futura para este servicio", continúa, "debe contemplar dos principios básicos: la descentralización de los proyectos cooperativos en comunidades autónomas y la garantía de una gestión eficaz a través de empresas de reconocido prestigio y solvencia".