Aznar exige cerrar las negociaciones del 'impulso democrático' en 20 días
Al PP se le agota la paciencia. Tras advertir al Gobierno que la negociación del impulso democrático no puede ser eterna, José María Aznar fijó ayer como límite lo que queda de febrero, menos de 20 días. En una reunión de parlamentarios del Congreso y el Senado señaló que en ese plazo debe cerrarse el núcleo duro de las conversaciones: el reglamento del Congreso y los nombramientos constitucionales.
"No es un ultimátun", explicó a sus diputados y senadores según informaron algunos asistentes, "y no nos cerramos al diálogo, pero el diálogo exige resultados".Aznar centró los objetivos inmediatos de la regeneración democrática en la reforma del reglamento del Congreso y los nombramientos pendientes que exigen acuerdo entre los dos grandes grupos, como el Defensor del Pueblo o los vocales de Consejo General del Poder Judicial.
Hasta ahora, los dirigentes del PP implicados en las conversaciones con el Gobierno y el PSOE hablaban de congelar los nombramientos hasta el cierre de los otros acuerdos, para, evitar que el Ejecutivo "solucione un problema y deje todo lo demás como está".
El cambio de orientación supone un reconocimiento de que los objetivos alcanzables a corto plazo en el impulso democrático se limitan a la reforma del reglamento del Senado, ya aprobada; a la reforma del reglamento del Congreso, que es ahora el principal escollo, y a los nombramientos constitucionales.
. Los populares dan por fracasado el intento de llegar a un acuerdo sobre la radio y la televisión públicas, cuyo supuesto uso partidista por el Gobierno no pierden oportunidad de criticar. Otras aspiraciones del PP, como fijar la responsabilidad penal de los gestores públicos o limitar la discreccionalidad del Estado a la hora de efectuar contrataciones de obras o servicios, quedarán para negociar más tarde o, más probablemente, serán objeto de iniciativas parlamentarias.
El verdadero obstáculo para cerrar el proceso, según los populares, es el reglamento del Congreso y el papel de éste en asuntos bajo investigación judicial. PSOE y PP están de acuerdo en que se puedan formar comisiones de investigación siempre que no se oponga la mayoría absoluta de la Cámara, fórmula que ya funciona en Castilla y León, donde gobierna el partido de Aznar.
Pero mientras el PSOE quiere excluir del campo de acción de las comisiones cualquier asunto sub iudice, los populares argumentan que eso sería tanto como vaciarlas de sentido y pretenden sustraer sólo de la competencia parlamentaria los aspectos de cada cuestión en los que ya trabajen los jueces.
Según el proyecto del PP, el Parlamento no podría llamar a declarar a quienes entregaron dinero a Filesa por informes inexistentes, de los que ya se ocupa el juez Marino Barbero, pero sí investigar otros aspectos de la presunta trama para financiar ilegalmente al PSOE.
Acuerdo sobre los criterios a falta de los nombres
Populares y socialistas han conseguido cerrar prácticamente un acuerdo sobre la mecánica para los nombramientos en órganos constitucionales y los perfiles de los candidatos. "Sólo faltan los nombres", admitió ayer un parlamentario asistente a la reunión de los grupos del PP en el Congreso y el Senado presidida por José María Aznar en la Cámara alta. "Eso es lo que hay que determinar en lo que queda de mes", añadió.Según los criterios ya pactados desaparecen, por ejemplo, las cuotas asignadas a cada partido para escoger consejeros del Poder Judicial, algo que ya había admitido Felipe González tras las elecciones del 6-J. Los dos partidos pondrán listas sobre la mesa hasta llegar a un acuerdo sobre cada nombre. Los populares han anunciado que atenderán sugerencias de asociaciones relacionadas con las vacantes a cubrir.
Se piensa en candidatos con experiencia y prestigio profesional y ajenos a la militancia política. Cada persona elegida no lo será a propuesta del PSOE o el PP, sino por acuerdo de ambos. Los dos partidos se han comprometido, por ello, a no comunicar a cada candidato que su nombre está sobre la mesa, para evitar que se sienta representante o ahijado de una u otra organización.
Fuentes del PP consideran que Aznar "tiene en la cabeza una opción muy clara" sobre el Defensor del Pueblo, aunque no la ha comunicado ni siquiera a sus colaboradores más estrechos. Quizá la haya comentado en alguna de sus reuniones con González.
De esa institución es titular provisionalmente Margarita Retuerto desde que terminó el mandato de Álvaro Gil Robles, ante la falta de acuerdo para designar un sucesor. Para los restantes nombramientos, el presidente del PP mantiene un criterio muy abierto, según fuentes del partido, y atiende todo tipo de sugerencias sobre criterios y nombres.
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