Política y moral

Cuando menos se piensa, el pasado estalla en el presente y lo desbarata. No puede olvidarse la historia. porque ésta siempre regresa, a veces como ironía, otras como tragedia, según decía Hegel. Naturalmente que a estas alturas nadie piensa que la violencia pueda resolver los problemas sociales y políticos, pero a veces las atrocidades de la violencia nos encaran, haciéndole muecas o señas dramáticas, al camino plácido que habíamos emprendido: el de los éxitos, el de las certezas incontestables, el de las apariencias radiantes.Parece que vivimos un momento así en nuestra historia. No porque estén en peligro las instituciones nacionales, sino porque más allá de la buena conciencia que apuntala el ejercicio del poder, las instituciones o, mejor dicho, su práctica concreta, se ponen en tremenda tela de juicio. ¿Qué hemos hecho de nuestro pasado revolucionario? ¿Qué hacemos con nuestro presente? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿De qué clase de retórica nos hemos nutrido, que ha sido tan eficaz para autointoxicarnos o para suponer que se intoxicaba permanentemente al conjunto nacional? ¿Cómo regresará ese pasado y qué facturas presentará a nuestra actualidad, al porvenir?Hace unos días, al lado de las ocho columnas de los periódicos anunciando los cruentos choques en Chiapas entre el Ejército y las guerrillas (los "transgresores"), aparecía una comunicación que daba pena, o rabia: "Positivo comportamiento de la economía en 93: Secofi". Y enseguida: ."Inflación menor de un dígito, finanzas públicas sanas, mercado cambiario estable, freno a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores".

Esa paradoja, esta discordancia, esta doble visión contradictoria y deshilvanada sobre la situación de México encierra tal vez una de las claves, sintéticamente, de los hechos que vivímos. Por un lado, el país de la modernidad y de los triunfos macroeconómicos; por el otro, el país de la exclusión y de la extrema pobreza, el país del olvido y el desamparo. De un lado, el país del ingreso a la zona económica y comercial más grande del mundo, el país que lleva orgullosamente al Primer Mundo ya la OCDE, el país de la competitividad y las grandes concentraciones de capital que aprovecharán las nuevas oportunidades internacionales. Allá, el mundo de la desesperanza, de los desesperados. De un lado, como dijo un diario italiano, el país del monetarismo salvaje; allá, el mundo sin una moneda siquiera.

Por supuesto que los violentos están fuera de la ley, pero ¿no ha estado también fuera de la ley la injusticia y la violencia económica que se ha ejercido durante tantos años sobre los desheredados, sobre 50 millones de compatriotas que viven en la pobreza y en la pobreza extrema? ¿No será la estricta verdad lo que tanto se ha afirmado: que la economía que elegimos está sólo dirigida a una parte del país, con el olvido de sus grandes mayorías? Me, viene a la memoria la afirmación, no hace demasiado tiempo, de gente del establishment, del Gobierno y de la iniciativa privada: los únicos mexicanos que cuentan son aquellos que tienen recursos, los que tienen cuando menos una tarjeta de crédito. Hay otros mexicanos que ahora nos recuerdan que ellos también cuentan, que también existen ¿Dónde se encuentra verdaderamente el mundo de pacotilla, los rasgos del plástico moral e intelectual?

Hay la impresión de que, aun en el claro repudio de la violencia que gran parte de la opinión pública ha expresado sobre los actos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), muchos mexicanos entienden los motivos humanos de esa acción desesperada. Para muchos es clara la violencia y la injusticia que ha privado en Chiapas durante décadas, por no decir durante siglos. Explotación de caciques y corrupción de gobernantes. Existe allí, sin poderoso motivo de malestar, un detonador de la violencia. ¿El Gobierno de la República será ahora capaz de entender profundamente el fenómeno? No, naturalmente, por el camino de acciones cosméticas, sino comprendiendo en el fondo el significado de las palabras y los actos, de la situación del país. Exigencia que parece perentoria: reorientar la economía y las inversiones, pugnando denodadamente por resolver los problemas sociales y por crear empleos, asumiendo verdaderamente la función de un Estado que no puede vivir crucificado entré los privados de dentro y de fuera. Ampliar la democracia, construyendo ya un Estado con verdadera sustancia democrática y participativa, con valores, metas y propósitos que correspondan al conjunto de la nación. ¿Seremos capaces de hacerlo aún?¿Será capaz de hacerlo todavía Salinas y quien triunfe en las próximas presidenciales?

No es la mejor señal que se procure ya reducir el problema una cuestión meramente local, o que se sugiera que es el exclusivo producto de subversivos profesionales no mexicanos. Tal vez haya parte de verdad en este diagnóstico, a falta todavía de información más precisa. Pero ¿la cuestión se explica como una mera manipulación de campesinos e indígenas mexicanos ignorantes? Es difícil aceptar esta versión cuando se reconoce que existe un cuerpo armado de más de mil personas. Es probable que tampoco el movimiento tenga ramificaciones organizadas en otras partes del país. Pero éste es sólo un aspecto del problema: el asunto verdaderamente importante es el que se refiere al síntoma nacional, al carácter revelador de los acontecimientos de Chiapas, que pudieran señalar, como si fuera la punta de un iceberg, un mar de angustia y de preocupaciones amplias en el país entero-.

Eso es lo más general: lo concreto es, extraordinariamente complejo. El Ejército que lanza bombas sobre vecindades urbanas. ¿En qué puede consistir el respeto a los derechos humanos en situación tan confusa? ¿Qué verdad tiene la difusión en prensa y canales de televisión internacional de supuestas ejecuciones sumarias? ¿La opinión internacional, que se ha atendido tan escrupulosamente en los últimos años, modificará su visión sobre el país que parecía merecer la confianza de estable y organizado? ¿Y cuál será la influencia sobre el proceso democrático nacional? ¿Y cómo se reafirmará el respeto por los grupos indígenas, que fue incluido recientemente en la Constitución? ¿Y por qué no se controlaron a tiempo, existiendo la información oportuna, los preparativos de un grupo tan importante? ¿Y cómo. quedará la relación de fuerzas políticas internas a partir de los acontecimientos de Chiapas?

Éstas serán cuestiones que se discutirán en México en los próximos meses, tal vez en los próximos años. Eso sí, en un país que clama mayoritariamente por el avance de la democracia, porque la política económica cobre otros rumbos, en que antes de los grandes consorcios y monopolios cuente ese otro gran conjunto que, en el fondo, es el único que interesa, que nos interesa moral y políticamente: la mayoría del pueblo mexicano. De otra manera, el pasado, unos lo llaman el México bronco, el México del abandono y la exclusión, seguirá irrumpiendo y poniendo en entredicho al otro México, al México de la placidez y de la modernidad.

Las instituciones de la República se enfrentan a un problema político, pero también a un problema moral: el derramamiento de sangre de unos mexicanos por otros mexicanos. Hace décadas que no ocurría, en esa dimensión, un he cho trágico de esa naturaleza, un hecho tan grave se convierte fácilmente en agravio nacional y, eventualmente, en multiplicador de más violencia. Si hay actos de violencia en los desesperados, las instituciones de la República no pueden incurrir en otros actos de violencia que puedan ser equiparables. Hay ocasiones en que la moral debe estar por arriba de la razón de Estado, o mejor: la moral política debe ser la suprema razón de Estado. Por eso deben evitarse más muertes de los desesperados: el Gobierno ha de buscar acelerada, esforzada mente una solución que sea me nos cruenta y más política, que sea negociada y moral. Que tenga como base la razón y el diálogo. No puede dejar de re cordarse que la historia regresa invariablemente con su infalible severidad para juzgar los actos del poder, también la ac tuación de los transgresores, y la ética y la eventual pondera ción de los actos de gobierno.