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Aplazado hasta el congreso del PSOE el diálogo sobre la financiación de partidos

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno y el PP han decidido aplazar a la celebración del congreso del PSOE de marzo la negociación sobre la ley de financiación de los partidos, incluida en el paquete de medidas de impulso democrático. PSOE y PP mantienen importantes diferencias sobre el alcance de la financiación privada a los partidos. Los populares defienden la posibilidad de que las personas jurídicas puedan contribuir a la financiación de las fuerzas políticas mientras que los socialistas la limitan a las personas físicas.

Tanto este capítulo como el del establecimiento de garantías para el funcionamiento democrático de las fuerzas políticas que el Gobierno pretende recoger en una ley de partidoshan quedado aplazados al congreso socialista de marzo. Los textos que aprueben los socialistas en su congreso en esta materia servirán de pauta para cualquier negociación con los populares. Además del escollo existente sobre el alcance de la financiación, resulta muy difícil fijar unas normas de funcionamiento para los partidos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene sus propias singularidades, según coinciden socialistas y populares.El control del funcionamiento de RTVE es otro de los capítulos del bloque sobre impulso democrático que queda aplazado, ante el distanciamiento de las posiciones del PSOE y PP. La propuesta socialista de establecer un control parlamentario y un consejo de administración de gestión resulta insuficiente a los populares, que propugnan una renovación más profunda de la radio y la televisión públicas.En los restantes capítulos, los acercamiento de posiciones entre socialistas y populares en materia de impulso democrático son sustanciosos desde que Felipe González y José María Amar se reunieron a finales de octubre y dieron el pistoletazo de salida al diálogo.

El pasado martes, con la aprobación por el pleno del Senado de la reforma del reglamento de la Cámara Alta, que permitirá avanzar en España hacia una Cámara de las autonomías, se selló el primer acuerdo entre socialistas y populares.

La aprobación del reglamento del Congreso, que permitirá crear comisiones de mvestigación y aumentar la s comparecencias del presidente del Gobierno ante el Parlamento para mejorar el control del Ejecutivo culminará al final de este curso por cuestiones de trámite.

Pero socialistas y populares ya alcanzaron un acuerdo sobre las cuestiones espinosas -la creación de las comisiones de investigación y la regulación de, las comparecencias del jefe del Gobierno- el 23 de diciembre. Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del Poder Judicial, que otorga mayores competencias al Consejo General del Poder Judicial en la selección de jueces, reforma. contenida en el bloque de impulso democrático.

Acuerdo sobre vacantes

Los objetivos inmediatos de las representaciones del Gobierno y del PP son alcanzar un acuerdo para cubrir las vacantes del Defensor del Pueblo, de los cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los 15 miembros del Consejo de Universidades así como del Consejo de Seguridad Nuclear. La consecución de este acuerdo, según coinciden Gobierno y PP, es urgente porque estos puestos llevan un año pendientes de ser cubiertos.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, esperan cerrar un acuerdo antes de fin de mes y poder llevarlo al pleno del Congreso en la primera quincena de febrero. Existe un claro acuerdo sobre el perfil de los cargos: perfil político bajo y prestigio profesional reconocido.

La reforma de la Ley Electoral -que amplía de 60 a 64 el número de eurodiputados y declara elegibles a los ciudadanos europeos residentes en Espana irá al Consejo de Ministros del próximo viernes. También este mismo mes irá al Consejo de Ministros la Ley de Contratos del Estado, que aumenta las normas de transparencia de contratación con las empresas privadas por parte de la Administración y de las empresas públicas. Los populares se reservan la tramitación parlamentaria para debatir esta ley cuyo anteproyecto conocen a través de las conversaciones mantenidas con los socialistas.

El aumento de las competencias del Tribunal de Cuentas para mejorar el control de la financiación de los partidos es otro capítulo pendiente de abordar por socialistas y populares en las próximas semanas.

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