Persona 'non grata'

GUINEA ECUATORIAL es el principal quebradero de cabeza de la política exterior española. ¿Qué hacer con un país cuando el dictador que lo preside se empeña en romper los lazos con su antigua metrópoli? Porque no puede interpretarse de otra manera la continua y obsesiva hostilidad hacia todo lo español de que hace gala el presidente Teodoro Obiang. España ayuda a los ecuatoguineanos con la cooperación y con la continua vigilancia y presión hechas sobre el régimen para conseguir su democratización. Ambas cosas, cooperación y presión, son resentidas por Obiang. Pero España no puede dejar de hacerlas, simplemente porque son ya la última esperanza del maltratado pueblo ecuatoguineano.El dictador se comporta con España como lo hace con sus ciudadanos porque cree tener una puerta de escape: refugiarse en una complicidad con Francia, cuyos intereses cree haber estimulado. Por ello, parece evidente que, en esta nueva crisis, la actuación del Gobierno español debe orientarse en tres direcciones: primero, no ceder a la tentación de romper las relaciones y sí reducir el nivel de la cooperación al mínimo indispensable; segundo, tomar las pequeñas represalias que permite el Derecho Internacional para mostrar el disgusto (por ejemplo, la ya decicida expulsión de un diplomático de Malabo), y tercero, sobre todo, hacer un anuncio conjunto y al más alto nivel con Francia de que ni Madrid ni París tolerarán más desmanes al dictador.

La expulsión del cónsul general español en Bata carece de justificación. Los contactos entre cónsul y miembros de la oposición, hecho en el que se basa la declaración de persona non grata, forman parte del trabajo cotidiano de los diplomáticos. Por lo demás, es habitual que en los regímenes dictatoriales en los que los tiranos intentan buscar alguna salida no excesivamente nociva para ellos, los diplomáticos de naciones amigas sirvan de puente entre el dictador y su oposición democrática. España lo ha hecho en Cuba, en Uruguay, en Chile, en Argentina.

Finalmente, es un hecho que a lo largo de la última década, cualquier intervención extranjera en pro de la defensa de los derechos humanos conculcados en un país no es considerada como injerencia en los asuntos internos de éste. Los derechos humanos son universales, y como tal debe entenderse su defensa.