Críticas a la lenta reacción de las autoridades españolas

El comisario general para los refugiados políticos en Bélgica, Marc Bossuyt, afirma en la entrevista concedida a este diario que el informe de la médica forense sobre los supuestos malos tratos recibidos por el presunto etarra Juan Ramón Rojo tras su detención sí existe, porque él dispone de una copia.El alto comisario rechaza las críticas contra él por haber accedido a estudiar la condición de merecedores del estatuto de asilado político de los presuntos colaboradores de ETA Raquel García Aranz y Luis Moreno Ramajo.

La juez que decidió el día 8 la puesta en libertad de los dos acusados vascos no quiso ayer hacer declaraciones. Puesta en contacto con este periódico, Halsberghe se excusó alegando que la ley prohíbe en Bélgica cualquier comentario de los jueces a los medios de comunicación.

Marc Bossuyt afirma que se ha limitado a aplicar las leyes en vigor en Bélgica y pide para éstas el mismo respeto que en su país se tiene por la legislación española. En última instancia, el funcionario real viene a responsabilizar a las autoridades españolas por su tardanza en reclamar la extradición de los presuntos colaboradores de ETA. Según Bossuyt, tanto el Gobierno de Bélgica como el de España conocían desde julio de 1992 que Raquel García y Luis Moreno residían en territorio belga. Sin embargo, España tardó 10 meses en solicitar su extradición.

Solicitud de extradición

En España, por el contrario, ayer se esgrimía un argumento diferente. Según Izquierda Unida, el Gobierno belga es directamente responsable de todo lo ocurrido porque no tramitó la solicitud de extradición presentada en mayo por la Audiencia Nacional. Raquel García y Luis Moreno fueron detenidos al mes siguiente, y Bélgica aún no ha estudiado su posible extradición. Todo esto, según IU, es "una actitud inadecuada, por no decir negligente".

A este respecto, el comisario sí admite que el Gobierno belga podía haber concedido la extradición si, efectivamente, hubiera intervenido antes de que se iniciara el proceso judicial. Pero, explica, lo habitual es que el Gobierno deje la iniciativa a la judicatura y que los casos se trasladen a la Corte si el ministro no interviene antes.