Mandos de los servicios secretos interceden ante el juez para que deje salir de España a Al Kassar

Dos altos funcionarios del Estado con responsabilidad en los servicios de espionaje han realizado gestiones la pasada semana ante el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y ante el fiscal jefe de dicha institución, José Aranda, para solicitarles que autorizan al presunto traficante sirio Monzer al Kassar un viaje al extranjero. Al Kassar, procesado como presunto suministrador de armas a los palestinos secuestradores del buque Achille Lauro en 1985 -a bordo del cual fue asesinado un norteamericano-, está libre bajo una fianza récord de 2.000 millones de pesetas. En esta condición, debe presentarse al juez cada 15 días y no puede salir de España.

La gestión de los mandos de los servicios secretos fue paralela a una petición de los abogados de Al Kassar, aunque los motivos expuestos por una y otra vía tenían poco que ver. Así, los letrados señalaron que el procesado deseaba visitar a un hermano suyo gravemente enfermo del corazón. Los dos funcionarios, por el contrario, expusieron ante el juez que se trataba de una operación de seguridad del Estado avalada por el Cesid (Centro Superior de Información para la Defensa), el Ministerio del Interior -que ayer aseguró desconocer tales gestiones- y la Presidencia del Gobierno.El juez de la Audiencia García Castellón denegó ayer mismo el permiso solicitado en atención a las medidas cautelares que pesan sobre Al Kassar, que también está pendiente de extradición a Argentina por adquisición fraudulenta de un pasaporte. Asimismo, Al Kassar está procesado en la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato frustrado del supuesto confidente del servicio secreto israelí Joseph Elías Awad, que quedó parapléjico, en noviembre de 1984. Al Kassar, presuntamente, entregó las armas al grupo de Abu Abas que tiroteó a la víctima, facilitó su localización y el alojamiento del grupo terrorista.

La semana pasada, el juez Manuel García Castellón, instructor del sumario sobre la entrega de armas a los terroristas del Frente de Liberación Palestina que secuestró el Achille Lauro, recibió una petición del procesado, a través de los abogados de éste, para ausentarse del territorio nacional. El traficante explicó que deseaba viajar al extranjero por una grave enfermedad cardiaca de su hermano, que le situaba al borde de la muerte.

Extradición pendiente

Al Kassar presentó igual petición ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que acordó su extradición a Argentina (pendiente de una resolución del Gobierno). La extradición se decidió porque el procesado "obtuvo de forma ilegal la nacionalidad argentina empleando para ello declaraciones y documentos inveraces" según la sentencia dictada en su día.

La fiscalía de la Audiencia Nacional, tras estudiar esas peticiones ante los dos juzgados, se ha manifestado en contra La Sección Segunda de la Audiencia ha pedido más detalles sobre el destino del viaje y su duración antes de pronunciarse, si bien García Castellón ya ha denegado la solicitud.

Las visitas de los dos funcionarios del Estado a la Audiencia Nacional también se produjeron la semana pasada. Ambos se personaron en el despacho del juez García Castellón, a quien solicitaron que accediera a la petición del traficante, actualmente residente en su palacio de Marbella (Málaga). Hicieron referencia al proceso abierto tras el acuerdo alcanzado entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel y, en este contexto, apuntaron que Al Kassar estaba dispuesto a ofrecer una valiosa colaboración dados sus contactos con los grupos terroristas islámicos y sus conocimientos sobre su infraestructura logística.

Pero los intermediarios precisaron que, para tal colaboración, era indispensable que Al Kassar viajara al extranjero, y concretamente a Argelia, e incluso esgrimieron que, si el problema era la inseguridad de su retorno, establecerían un dispositivo de seguimiento con funcionarios de información fuera de España.

Para dar mayor rotundidad a su demanda, estos dos funcionarios llegaron a decir que tan ambiciosa operación contaba con el visto bueno de los responsables del Cesid, del Ministerio del Interior e incluso de Presidencia del Gobierno, extremos que no acreditaron con ningún escrito.

El fiscal jefe José Aranda recibió idéntica visita de los dos funcionarios con similar mensaje. Aranda y García Castellón, quien recordó que las diligencias son secretas, han declinado tajantemente comentar este asunto.