Un inspector de Interior declara que Alcalá 20 fue reformada sin control

Guillermo Herranz, otro de los procesados por el incendio de Alcalá 20 (81 muertos y 28 heridos), se desmarcó ayer de la estrategia de descargar la culpa del desastre sobre fallecidos o ausentes. Declaró al tribunal que los dueños del local reformaron la discoteca sin que nadie en la Administración les vigilase. La Junta Central Consultiva e Inspectora de Espectáculos, dependiente del Ministerio del Interior, se autodisolvió en 1982 y transfirió la labor inspectora al Ayuntamiento. Sin embargo, transcurrieron varios meses sin que se supiera bien qué organismo público era el competente, subrayó ayer uno de los abogados de la acusación.

Para Joaquín Ruiz Giménez, abogado de Herranz, la reforma de Alcalá 20 se desarrolló en 1983, "cuando ya no existía la junta", de la que su defendido era vocal.El fiscal pide para Guillermo Herranz, de 59 años, dos penas de seis meses de prisión por delitos de imprudencia. Como vocal de la citada junta, Herranz inspeccionó en diciembre de 1980 el local (entonces llamado Lido) y emitió un informe en el que advertía de una deficiente señalización de las emergencias. Casi do

anos después, volvió a supervisar la sala de fiestas y certificó: "Todo funciona normalmente, por lo que no hay inconveniente en autorizar su funcionamiento". ,

Este informe fue definitivo para que Interior otorgase al local permiso de funcionamiento durante la temporada 19821983, durante la que se produjo el desastre. Ni el fiscal ni los abogados de la acusación entienden cómo pudo decir esto cuando, en realidad, la discoteca presentaba numerosas deficiencias en materia de seguridad.

"Viejos verdes"

"Yo inspeccioné Lido, no Alcalá 20", subrayó ayer Herranz. Según Ruiz Giménez, a Lido apenas iban todos los días 50 o 60 "viejos verdes" para ver algún espectáculo de strip-tease. "Distinto era Alcalá 20, donde seguro que todas las noches entraban más de 700 u 800 personas; pero mi cliente no llegó a ver eso: la junta ya no existía".

Herranz lamentó que las dos catástrofes más graves ocurridas en España en locales públicos se produjeron "un año y medio antes" de la creación de la junta inspectora, en 1985, y 11 un año y medio después" de su disolución en 1982. "Por qué dice eso", le preguntó un abogado de la acusación. "Porque si hubiese existido, seguro que ninguna habría ocurrido. La junta ponía unas condiciones [para abrir un local] muy duras; habríamos inspeccionado Alcalá 20 y comprobado, por ejemplo, que los telones carecían de tratamiento ignífugo".

Juan Fernández Otero, abogado de los familiares de una de las 81 víctimas mortales, está convencido, aparte del vacío que se pudo haber producido después de la autodisolución de la junta, de la responsabilidad de la Administración en este asunto. Precisamente, el fiscal cree que el Ministerio del Interior debe responder subsidiariamente de las indemnizaciones para la víctimas (unos 1.200 millones) por la presunta negligencia del ex vocal Herranz.

Según Fernández Otero, la labor inspectora de Herranz careció "de seriedad y rigor". "Él iba de vez en cuando a la discoteca a tomarse unas copas, sin tomarse en serio la inspección". Este letrado recalcó las contradicciones entre la declaración que efectuó ayer Herranz y la que hizo en 1984 ante el juez instructor. El ex vocal se acordó ayer, 10 años después del desastre, de que en la discoteca había " 12 o 14 extintores" (ninguno funcionó). Sin embargo, en 1984 "no se acordó del número", evidenció Fernández Otero.

A los abogados de la acusación les sorprende que el último informe de Herranz, el que propició que el Ministerio del Interior diese el permiso de temporada a Alcalá 20, fuese muy escueto y obviase las muchas deficiencias de seguridad. "Ese informe era un resumen, y respondía exactamente a lo que se le pidió desde la junta" repuso ayer Ruiz Giménez.

El ex vocal concluirá probablemente hoy su interrogatorio y dejará paso al último de los procesados que quedan por declarar, el ex concejal socialista Emilio García Horcajo.