Demanda contra Tele 5 por atentar contra la intimidad de un bebé abandonado
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid presentó el pasado viernes una demanda contra la cadena privada Tele 5 y el director presentador del programa Misterios sin resolver, el periodista Julián Lago, por "intromisión ilegítima", en la imagen e intimidad de un niño recién nacido que fue abandonado a las puertas de una iglesia de Madrid el pasado día 11 de septiembre.
La acusación pública reclama al juez que se haga cargo del asunto que Tele 5 y la dirección del programa objeto de la demanda, Misterios sin resolver, emitido el 13 de septiembre, indemnicen al niño con ocho millones de pesetas - Sugiere el fiscal que ese dinero sea destinado "al desarrollo personal y social del menor", cuyas iniciales se corresponden con J. L. C. G. El bebé se encuentra en la actualidad bajo la custodia de la Comisión de Tutela del Instituto Madrileño de la Atención a la Infancia de la Comunidad de Madrid. Allí está desde que fue encontrado por agentes de la Policía Local a las puertas de la citada iglesia.Ésta es la primera demanda que presenta de oficio la fiscalía madrileña contra una cadena de televisión por utilizar la imagen de un niño "desamparado" sin autorización de sus padres o tutores, según fuentes jurídicas.
Fundamenta la Fiscalía de Madrid que, durante el programa ("de gran audiencia"), se difundieron aspectos y circunstancias del menor "innecesarios" ("tales como las condiciones físicas en que se encontraba el menor en ese momento"), que son privativos de su esfera "personalísima".
Los hechos pueden haber transgredido los artículos 18 y 20 de la Constitución; la Convención sobre los Derechos del niño, publicada en el Boletín oficial del Estado en diciembre de 1990, y varios preceptos de la vigente ley que regula el derecho a la intimidad y el honor, según el fiscal.
No significa la demanda un atentado contra la libertad de expresión, según deja entrever la acusación. Asegura que "Todos los valores contenidos en el derecho fundamental a la libertad de expresión, podían haber sido ejercidos sin atentar contra el derecho del menor".
Lamenta la fiscalía que la imagen del menor fuese utilizada en un programa cuyo objetivo es "captar la máxima audiencia, con las repercusiones comerciales y, en todo caso, económicas que esto lleva consigo".
Además de la indemnización de ocho millones de pesetas, el ministerio público reclama también que el contenido de la sentencia que dicte en su día el juez, si resulta condenatoria, sea publicado "en el mismo programa y en las mismas condiciones en que se llevó a cabo la intromisión ilegítima".
