Los gobiernos regional y municipal quieren privatizar las residencias de ancianos nuevas
El proyecto del Ayuntamiento de Madrid de ceder suelo municipal a privados para que construyan residencias de ancianos ha tenido una tibia acogida. Sólo dos empresas, Centro de Asistencia al Mayor, SA, y Productos Alimenticios Preparados, SA, se han presentado al concurso para edificar y gestionar geriátricos en tres solares públicos de la ciudad. Las tentaciones privatizadoras municipales son compartidas en este caso por la Comunidad de Madrid, que prevé ceder a sendas empresas los dos nuevos centros que se construyen en terrenos públicos de Leganés v Coslada.
El responsable del departamento de Desarrollo Urbano de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Blesa, reconoce sentirse "un poco defraudado" por las pocas compañías que se han presentado al concurso para construir residencias de ancianos en terrenos municipales."Creo que las condiciones son buenas, bastante parecidas a las exigidas para la ejecución de los aparcamientos para residentes, donde acuden más empresarios", añade Blesa. "Pero quizá haya influido la actual crisis económica", concluye.
Una de las empresas, el Centro de Asistencia al Mayor, SA, ha presentado proyectos para los tres solares ofertados. La otra firma sólo opta al terreno de la calle de Sepúlveda. En total se pretende edificar 28.460 metros cuadrados. Inicialmente se propuso otra parcela en la travesía de las Conchas, en Puente de Vallecas, pero fue desechada al comprobarse que en ella la Comunidad ya está construyendo otras dotaciones.
Los proyectos del Ayuntamiento y la Comunidad tienen elementos comunes. Ambos van dirigidos a jubilados de clase media baja que no pueden costearse un centro privado y que sobrepasan los requisitos económicos exigidos para ingresar en las residencias públicas. En los dos se cede suelo público a la iniciativa privada por un periodo de 50 a 75 años, a cambio de que construya y gestione los centros.
Pero existen diferencias. En el proyecto municipal los empresarios pagan un canon por la utilización de suelo público, unos 585 millones de pesetas por la parcela más cara, la de Latina, a pagar al contado o a un 10% anual durante 75 años. En el regional no se abona dinero por el suelo.
Cesión de camas
También varían las condiciones de pago del usuario. El Ayuntamiento exige a los promotores que le cedan un cierto número de camas a un precio que no supere el 75% de lo que el consistorio suele pagar a otros privados. Y en principio, por el resto de las plazas no podrán cobrar al usuario más de 1,5 veces la tarifa habitual de una plaza concertada, aunque esta exigencia puede revisarse.
En el proyecto de la Comunidad, el anciano y su familia abonarán el 45% de las 160.000 pesetas mensuales que, como media, costará una plaza. El 55% restante lo aportará el Gobierno regional.
Por último, el proyecto local ya ha pasado la fase de concurso y está pendiente de su resolución. El autonómico deberá presentarse en el próximo consejo de Gobierno para que se aprueben sus condiciones.
La consejera de Integración Social de la Comunidad, Elena Vázquez, pretende extender esta nueva fórmula de creación y gestión de nuevos geriátricos en el futuro. "Estamos trabajando para presentar un plan a 10 años que supondría la creación de 30 nuevas residencias -unas 3.000 plazas-, 20 por medio de este sistema de cesiones a la iniciativa privada y otras 10 íntegramente públicas".
El plan regional precisa que se establezcan convenios de colaboración con los municipios. "Vamos a dar prioridad a los ancianos que requieren asistencia, por ejemplo, el centro de Leganés irá destinado a abuelos con la enfermedad de Alzheimer".
Este año se van a inaugurar, según Vázquez, tres nuevas residencias en la ciudad de Madrid: en el Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas), 60 plazas; en Villaverde, 50 plazas, y en San Blas, 30 plazas. Para 1994 está previsto abrir otra en Orcasur (Usera).
También se han iniciado las obras en las localidades de Campo Real (2.182 habitantes); Guadalix de la Sierra (7.071 habitantes); Navalcarnero (10.398 habitantes) y San Martín de la Vega (6.650 habitantes). Los ayuntamientos de estas localidades aportan los suelos y la Comunidad concede subvenciones de diversa cuantía para la construcción y los equipamientos y paga los gastos de cada plaza.
En Madrid viven 600.000 personas mayores de 65 años y hay 19.113 plazas en residencias de ancianos, el 64% de ellas privadas. Unos 4.000 abuelos engrosan las listas de espera de los centros públicos.
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