El Poder Judicial ordena investigar la relación del juez Rodríguez Arribas con la empresa Dibucrae

El magistrado Ramón Rodríguez Arribas será investigado por su relación con la empresa Dibucrae (Distribuciones de Butano, Crae SA), de la que es accionista mayoritario, según un acuerdo adoptado ayer por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La citada comisión acordó abrir unas diligencias para esclarecer si el magistrado ha incurrido en incompatibilidad legal del cargo de juez o magistrado con otras actividades entre las que se cuenta el ejercicio de funciones mercantiles, "por sí o por otro".Fuentes del Poder Judicial indicaron que la investigación será previsiblemente practicada por la comisión disciplinaria del Consejo Judicial en septiembre, a la vuelta de las vacaciones judiciales. Rodríguez Arribas, que preside la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y conservadora, solicitó ser investigado a raíz de la información recogida por este periódico en fuentes fiscales el pasado día 2, según la cual, la sociedad Dibucrae está controlada por el magistrado.

Ramón Rodríguez Arribas de 59 años, posee el 52% de las acciones de Dibucrae, empresa en cuyo consejo de administración se sienta su hijo mayor, el procurador de los tribunales Ramón Rodríguez Nogueira, en tanto que otro de sus hijos ha sido nombrado recientemente gerente de la firma. La incompatibilidad establecida en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe la actividad mercantil por sí o por otro".

A pesar de no aparecer entre los administradores de Dibucrae, Rodríguez Arribas ha percibido en los últimos 16 meses 6,4 millones de pesetas correspondientes a beneficios extras por su participación del -52% en Dibucrae, en tanto que su hijo, vocal del consejo de administración, no percibió nada. La sociedad está dirigida nominalmente por las viudas del dirigente falangista Manuel Hedilla y del que fuera jefe provincial del movimiento en Jaén y Alicante, Felipe Arche Hermosa.

Nombramientos

La Comisión Permanente del Consejo Judicial designó ayer al magistrado José Luis Calvo Cabello, portavoz del anterior CGPJ, como presidente de la Sección 51 de la Audiencia de Madrid. José Luis Calvo es el magistrado que dictó la primera sentencia que absolvió a un insumiso por razones de conciencia.El magistrado Manuel García-Castellón y García-Lomas, de 40 años, juez decano de Valladolid, fue designado para cubrir la vacante del juzgado central de instrucción número' 5 de la Audiencia Nacional, mientras su titular, el juez Baltasar Garzón, se encuentre en excedencia por servicios especiales como secretario de Estado. García-Castellón es miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, en la que ejerce el cargo de tesorero. También colabora en una comisión de cuatro magistados que realizan estudios e informes sobre delincuencia con destino al Grupo de Trevi, que tiene entre su misiones la coordinación europea de la lucha antiterrorista.

El magistrado Fernando García Nicolás, de 50 años, cubrirá la vacante de Ventura Pérez Mariño en la Sala de lo Penal mientras su titular siga en excedencia como diputado por Lugo. Como sustituto de Pérez Mariño, García Nicolás formará parte del tribunal que juzgará a los 50 procesados en el sumario de la Operación Nécora a partir del 26 septiembre.

El Consejo Judicial también acordó crear un juzgado de vigilancia penitenciaria para Madrid, en Valdemoro, y del que dependerán las cárceles de esta localidad y la de Navalcarnero. El juzgado entrará en funcionamiento en octubre y ha sido designado como titular el Magistrado Francisco Racionero Carmona.