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Garofano confirma al juez que el balance de Montedison fue falsificado

Giuseppe Garofano, ex presidente de Montedison y ex consejero delegado de Ferruzzi Financiaria (Ferfin), el holding a través del cual la familia homónima controlaba el segundo grupo privado italiano, confirmó el sábado a la magistratura de Milán que los balances de estas dos sociedades correspondientes a 1992 han sido falsificados para incluir pérdidas no derivadas de su gestión. Garofano, añadió que esas manipulaciones contables fueron realizadas tras su salida de las empresas, cuando Arturo Ferruzzi y su cuñado, Carlo Sama, se habían hecho ya cargo del grupo, en calidad de presidente y consejero delegado de las dos sociedades.

Garofáno, ingeniero de 49 años, conocido como el cardenal por su proximidad al Opus Dei, confesó, por otra parte, que la comisión ilegal de 250 millones de liras (unos 22 millones de pesetas) que entregó a la Democracia Cristiana (DC) lombarda, y que en principio fue la acusación principal por la que se le dictó orden. de búsqueda y captura, fue pagada con fondos del grupo Ferruzzi. En otra declaración previa, Garofano había sostenido que aquel dinero era suyo.Este cambio de posición indica igualmente que el destacado ejecutivo de Montedison desde 1981, cinco años antes de la entrada de los Ferruzzi, considera rota su relación profesional con una familia a la que sirvió fielmente: durante los últimos siete años, primero bajo la dirección de Raúl Gardini y, desde junio de 1991, bajo los ya citados Carlos Sama y Arturo Ferruzzi.

Garofano, que durante la última junta de accionistas de Ferfin, el pasado 30 de junio, mereció el elogio y la solidaridad explícita de Sama, considera que, en sus nuevas circunstancias, es libre (le colaborar con los magistrados. De hecho, su regreso a Italia., tras la detención del pasado martes en Ginebra que puso fin a una fuga internacional de seis meses, no fue finalmente una extradición, sino un retorno voluntario del fugitivo.

Previarnente, Garofano negoció con los magistrados Antonio Di Pietro y Francesco Greco que respondería, tanto por presuntos delitos de financiación ilegal de la política, como de las irregularidades que pudieran descubrirse en la crisis financiera del grupo Ferruizzi, actualmente intervenido por un consorcio de cinco bancos que tratan de buscar salida a una deuda de 31 billones de liras.

Di Pietro se ocupa del primer aspecto, mientras que Greco investiga desde hace meses la evolución de Montedison, y especialmente el fracaso del proyecto Enichern, que fue el intento de Raúl Gardini de hacerse con el control de las empresas químicas del Ente Nazionales degli Idrodarburi (ENI). Son esas segundas pesquisas las que ahora dominan la atención de magistrados y público.

Largo interrogatorio

El mismo Garofano dijo el sábado -durante las nueve horas de intenso interrogatorio, que ayer fueron cinco y que continuarán mañana martes-, que el pago de comisiones ilegales por Montedison fue ocasional y que en el grupo no había fondos negros para tales operaciones. Las comisiones, añadió el ejecutivo, no son en modo alguno la causa del enorme agujero, valorado ya por distintas fuentes en unos 700.000 millones de liras, que ha ido emergiendo de sucesivos aspectos dudosos de los balances de 1992 de Montedison y Ferfin, aprobados por las juntas de accionistas, pese a las objeciones de los auditores y los magistrados."Garofano dice que, si hay un balance falso, éste es precisamente el último, elaborado cuando ya no estaba él. Es notoriamente falso, ya que la pérdida denunciada de 320.000 millones no pertenece a Montedison", informó el sábado Luca Mucci, abogado del ejecutivo encarcelado.

La hipótesis con la que trabajan los magistrados, y que Garofano parece estar confirmando inicialmente, es que la crisis del grupo Ferruzzi ha sido provocada por créditos que Montedison concedió subrepticiamente a sus principales propietarios, para que, entre cosas, pudieran financiar la escalada en bolsa de las químicas del ENI. Cuando esa operación fracasó, porque los políticos y en especial los democristianos lo impidieron, las acciones de los Ferruzzi y sus aliados fueron recompradas por el Estado con un sobreprecio elevado. Ahora se investiga si esa recompra devengó cuantiosas comisiones ilegales.

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