Apostar por la convivencia

Nuestro país, tradicional fuente de emigración, política o económica, ha pasado a constituir la meta de muchos trabajadores de, precisamente, aquellos países que hace poco acogían a los nuestros, ofreciéndoles un futuro que no encontraban dentro de nuestras fronteras.El agravio histórico que significa olvidar nuestro próximo pasado migratorio y nuestra responsabilidad hacia unos pueblos que nosotros mismos colonizamos podría ser calificado como error si no constituyera una falta de visión social y política para un país que, como España, se ha situado en la encrucijada de ser cabeza de playa entre el Tercer Mundo y Europa.

En la década de los ochenta y principios de los noventa, la reactivación económica de nuestro país, la modernización de nuestra sociedad y la imagen de progreso que ha significado nuestra pertenencia a la Unión Europea, todo ello en relación con los desequilibrios demográficos y económicos de las regiones próximas, geográfica y culturalmente hablando, han convertido a nuestro país en polo de atracción, entre otras cosas como posible puerta de entrada a la sociedad occidental representada por la Comunidad Europea.

Junto a esta realidad incuestionable es preciso destacar la de una sociedad española inmersa en una evidente crisis económica, participada de la más amplia del sistema económico europeo, que hace que en estos momentos el tratar con superficialidad cualquier aspecto de la inmigración pueda conllevar peligros de irreparables cambios de actitud en la opinión pública española que es preciso evitar por cualquier medio a nuestra mano.

Somos un país dado al estereotipo, que como bien se sabe no es sino un mecanismo, justificado en términos de defensa social ante una realidad normalmente desconocida y a la que se le somete a nuestra más pobre desinformación.

Las ideas preconcebidas que los españoles tenemos hacia los inmigrantes son más prejuicios que opiniones fundadas. Los vinculados con el paro, culpándolos de ocupar puestos que deberían estar desempeñados por nacionales, cuando la realidad es que ocupan aquellos que pertinazmente son rechazados por nuestros demandantes de empleo en las oficinas públicas competentes. ¿Cuántos puestos del servicio doméstico, del peonaje agrícola o de la pequeña venta quedarían sin cubrir sin la población inmigrante? La venta de droga o la inseguridad ciudadana son otros dos aspectos en los que, siempre según nuestros estereotipos de conciencia, influye negativamente la población extranjera, cuando, y dejando a un lado las discutibles cifras absolutas, la verdad relativa es que el nivel de delincuencia, predominantemente de menos gravedad o no profesionalizada, se debe más a la falta de integración y regularización de la población inmigrante en España.Hablemos claro. Los trabajadores que, procedentes de terceros países, recalan en nuestras costas, ni son delincuentes, ni constituyen ninguna amenaza para nuestro colectivo desocupado. Muy al contrario, y ante un mercado de trabajo con evidentes disfuncionalidades, cubren una parte de la oferta de trabajo que de otro modo quedaría sin satisfacer, creando dificultades a una serie de actividades productivas en unos momentos de evidente recesión económica.

El problema es muy otro. El aporte de una mano de obra de carácter irregular en un mercado de trabajo vinculado a la acción de una potente economía sumergida somete al inmigrante en España a una situación de indefensión que le hace vivir en precariedad laboral y le empuja a constituir verdaderos apartados sociales frente a la presión de un medio que se le presenta como hostil.

Frente a ello es preciso actuar. Actuar dejando claro que, por obligación de país que hasta hace poco lo ha sido de emigración y por el egoísmo económico de un desarrollo que en todos los países occidentales se ha realizado contando con la inmigración y, por consiguiente, con aprovechar un potencial profesional no generado en el país receptor, España tiene que contar con un cierto nivel de mano de obra extranjera, si bien ello ha de hacerse con el respeto a las garantías que nuestra legislación fundamental reclama.

La clave está en la regulación. Regulación que no es segregacionismo o hermetismo nacional, sino integración, control y planificación frente a la precariedad, abusos e indefensión. El peor enemigo de nuestros inmigrantes es la no regulación de su situación.

Los procesos de regulación no tendrían sentido si no se recomendara al mismo tiempo una línea de cooperación al desarrollo precisamente en aquellas áreas y países de donde procede nuestra inmigración, tratando así de disminuir la presión de entrada en nuestro territorio o buscando en origen una racionalización de la misma y una previa integración en el mercado regular de trabajo en España por medio de la aconsejable planificación de flujos migratorios.

En definitiva, dice nuestra Constitución que: "Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, en los términos que establezcan los tratados y la ley" (artículo 13).El respeto a nuestros valores constitucionales y la defensa de la dignidad de los extranjeros residentes en nuestro país reclaman una regulación inteligente que, bien administrada y en manos de los necesarios órganos de gestión y coordinación, creados o por crear, consolide la hoy vigente y cree el marco indispensable de convivencia que posibilite la integración de unos colectivos con los que por etnia, cultura e historia hemos estado, estamos y estaremos vinculados.

España, como decía hace días desde su columna de EL PAÍS Miguel Ángel Bastenier, glosando la obra de Bernabé López, deberá ser "puerta entreabierta, portalón blindado, lugar de paso, pero siempre cabeza de puente de una relación que tendrá que ser formadora de opinión para nosotros y el resto de los europeos".

Es de esperar que esa labor de institutriz privilegiada no la deforme la falta, tanto de la exigible perspectiva histórica, como de la necesaria capacidad de pronóstico del porvenir. Sería terrible, siguiendo de nuevo a Bastenier, que "no hayamos empezado un poco antes de darnos cuenta de que una buena parte de nuestra propia identidad, de la que venimos discutiendo con tanto ardor lleno de autodeterminaciones, comienza al sur de Tarifa, a una orilla de distancia".Carmen García Bloise es secretaria ejecutiva de Política Migratoria de la CEF-PSOE.