Corrupción, clienticismo y transparencia

En una cosa parecen estar de acuerdo todos los partidos políticos, aun los de ideología más dispar, al menos los que tienen una aspiración seria de poder y no sólo afanes testimoniales: en la eficacia política del dinero. Lo confiesen o no, todos actúan bajo el supuesto de que más dinero facilita el acceso al poder por las vías electorales, y su conservación. Los partidos compiten por el poder. La tentación de buscar más dinero para competir con más garantías de éxito no es fácilmente vencible. Obtenerlo es, en realidad, un deber del partidario consciente e identificado. La carrera de búsqueda de medios llega a ser de recorrido sin fin. Un partido político puede parecerse bastante a eso que se llama un pozo sin fondo. A efectos de lo que sigue, ésta podría ser, si no una ley empírica, al menos un postulado. La corrupción surge, o puede surgir, porque hay reglas para la obtención de esos medios y, sobre todo, reglas prohibitivas de procedimientos de financiación. La corrupción es la vulneración de las reglas.Hablamos de corrupción de partidos, no de corrupción de políticos. No es que se trate de situaciones incompatibles. Más bien tienden a convivir. Pero son nítidamente diferentes: la corrupción del partido es un procedimiento para facilitar su presencia política; sólo indirectamente beneficiaría, y no siempre, al autor de la vulneración de las reglas, el cual, normalmente, tendrá, más que nada, la satisfacción del deber cumplido. La ejecución material de operaciones irregulares de este tipo puede y suele comportar altas dosis de desprendimiento personal, económico e incluso político: los autores, de milagros recaudatorios no suelen coincidir con los máximos beneficiarios en términos de posiciones de poder.

Parece, así, que el problema de la corrupción de los partidos, si es que se trata de un problema, no se resuelve mediante el riguroso control de los políticos en cuanto a sus medios y fortunas personales; rigor que se suele acentuar con aquellos que ocupan posiciones en las que la capacidad de enriquecimiento es mínima, e incluso nula, como sucede con los parlamentarios. Hay corrupción: más incompatibilidades para los parlamentarios. Aunque éstos no majenan, que se sepa, los fondos públicos, la contratación, las designaciones y todo eso.

Pero la corrupción de los partidos, producto de tentaciones casi imperiosas, sí es un problema; un problema de la democracia. Y lo es porque conduce a un ejercicio del poder político que por esencia discrimina de una manera ilegal. La corrupción implica una desviación en el ejercicio del poder: éste tiende a favorecer especialmente al que, con su financiación, permite que el poder resida en el corrupto. Crea un vínculo que pervierte la función pública. Falla, en esencia, el principio de igualdad, el de predominio, del interés general y, en cosecuencia, otros muchos, como el de la ordenada y más económica gestión de los caudales públicos. Y, además, atenta al principio mismo del sistema, en cuanto que el corrupto cuenta con una ventaja adicional para adquirir y conservar el poder: una mayor y, además, secreta financiación. Es una trampa en el juego democrático; el corrupto usa baraja marcada.

La corrupción no es una secuela inevitable de la democracia. Pero es acompañante habitual del poder (al menos, si tenemos una visión histórica de la cuestión). Y, por tanto, también del poder democrático, aunque en mucha menor medida que cuando la regla es la autocracia. Hay algunas democracias poco o nada corrompidas. No es tan fácil encontrar autocracias limpias.

Lo que sí es cierto es que la democracia limpia es una forma superior y más perfecta de la democracia. Y que la corrupción es también una cuestión de cantidad. Una democracia puede estar tan corrompida que se haya producido una desnaturalización del sistema. Pero caben situaciones intermedias, con más o menos sustancia democrática efectiva.

Si se aspira a una democracia sin corrupción, es posible conseguirlo. Pero no nos engañemos: hay motivos para pensar que a mucha gente esto de la corrupción de los partidos no le parece tan mal; a veces es cuestión de nombres. La corrupción, al fin y al cabo, crea un trenzado de intereses que pueden calificarse de muy "interesantes". La corrupción es un derivado dificilmente separable de un sistema clientelar de partido que tiene, lo confiesen o no, muchos adictos, benefactores y beneficiarios.

En gran medida, es un remedio del deficiente funcionamiento de instituciones públicas y singularmente del sistema judicial, como garantía última del restablecimiento de los derechos violados. Incluso hay quienes piensan que una razonable corrupción elimina tensiones.

La corrupción no se elimina sólo luchando contra la corrupción. Hay que hacer además que las instituciones, la Administración, los jueces funcionen, y funcionen bien. Y, si hay una verdadera decisión de evitarla, hay que tomar medidas para conseguir que sea dificil de realizar y fácil de detectar.

Por lo que valgan, aquí van algunas sugerencias sobre el modo de regular la financiación de los partidos políticos. .

La primera es la transparencia de las cuentas. En la actualidad, las sociedades mercantiles están plagadas de engorrosas y costosas obligaciones contables y de publicidad: auditorías externas, depósito de cuentas en registros públicos y otras, con cobertura incluso penal para estimular el cumplimiento de esas obligaciones formales. Y es que sólo una correcta forma permite conocer el fondo, protegiéndose así a socios y acreedores. Parece lógico que los partidos políticos, que administran algo más que medios económicos, nada menos que el poder que los ciudadanos ceden por su mediación, tengan las mismas o superiores obligaciones de transparencia económica. No se comprende por qué no debe haber secreto en las finanzas públicas (y hay que ver lo incómodo que resulta admitir la existencia de fondos reservados, de todos modos muy limitados) y sí puede haberlo en los partidos. La idea misma de fondos reservados en un partido político es la negación de la misma democracia. Si puede admitirse que el secretismo puede estar avalado por la. razón de Estado, no parece que haya razones confesables, ni siquiera en abstracto, para proteger una razón de partido. Transparencia, publicidad de los ingresos, en todo su detalle. Hay aficionados a financiar en secreto a partidos políticos. Por temor, o convicción, o interés. Más que otras prohibiciones, que aquí no se discuten, la supresión del anonimato del donante tiene que ser la regla.

La segunda es la identificación de la responsabilidad económica en los beneficios del poder político. Las irregularidades para financiar una campaña electoral benefician, antes que nada, al candidato y, de modo especial, al elegido. Las reglas deben articularse de modo que sean ellos quienes tengan que responder y no sólo los "responsables de finanzas" del partido. La irresponsabilidad y aun desvergüenza con la que quienes ejercen el poder, o quieren ejercerlo, piden angustiosamente fondos y más fondos, sin preguntar jamás de dónde vienen con tal de hacer triunfar el bien político, es decir, su presencia (encarnaciones que son de su partido) en los órganos del poder, debería acabar. Hay expedientes jurídicos muy sencillos para conseguirlo. Lo que es especialmente aplicable (aunque no exclusivamente) a los fondos públicos que se destinan a estos fines; ¿cómo pueden escamotear diputados, senadores, concejales y otros depositarios del poder su responsabilidad en el manejo de esos fondos? Más aún: ¿por qué no se les asignan directamente a ellos, que los canalizarán, si así lo desean, a través de su organización política? Quizá así se corregirían, a la vez, algunos defectos penosos de nuestro sistema de partidos, en los que, como se sabe, el que se mueve no sale en la foto.

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Jaime Garcia Añoveros es catedrático de Hacienda de la Universidad de Sevilla.