El derecho a votar y el deber de censarse

El artículo 23 de la Constitución consagra el derecho de los españoles a "participar en los asuntos públicos [ ... ] por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Nunca, sin embargo, desde la instauración de la democracia, habían reclamado los ciudadanos con tanto empeño el ejercicio de este derecho como el pasado 6 de junio.En las oficinas provinciales del censo de Madrid, Sevilla, Granada, Valencia y otras ciudades, miles de personas aguantaron colas kilométricas para conseguir el certificado que les permitió votar. En Almería, frustrados electores cortaron el tráfico en el centro de la ciudad.

Fue un espectáculo doblemente insólito: porque se presumía en la mayoría de los españoles una actitud abúlica, o escasamente entusiasta, ante las urnas; y porque la escena parecía más propia del Tercer Mundo que de una democracia occidental.

Finalmente, las juntas electorales de Sevilla, Granada, Almería y Gran Canaria optaron por aplazar en una o dos horas el cierre de los colegios. En Valencia, la junta habilitó un colegio especial que permaneció abierto hasta las 12 de la noche. Decisiones todas sin precedentes en 14 años de práctica democrática.

A pesar del amplio eco que tuvieron estos incidentes, Alejandro Ramos, director de la Oficina del Censo, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), asegura que "sólo el 0,5 por mil de los electores tuvo problemas para votar. Ésa es la verdadera magnitud del asunto". En su descargo, el responsable del censo agrega: "No hay ningún país del mundo donde uno pueda censarse el día de las elecciones, como ocurrió aquí el 6 de junio".

Para los expertos en legislación electoral, varios factores explican lo sucedido. En primer lugar, el adelanto de las elecciones. El censo, como el padrón municipal que le sirve de base, se revisa cada año; y dicha revisión concluye el 1 de agosto, con datos referidos al 1 de enero anterior. Si las elecciones se hubieran celebrado en otoño, como estaba previsto, el censo empleado habría sido el de agosto de este año, cuya exposición pública estaba prevista para la primera quincena de junio y se aplazó por, la convocatoria electoral.

Al adelantarse la cita con las urnas, el censo utilizado ha sido el de agosto del 92, con datos hasta 1 de enero del año pasado, por lo que el desfase entre la situación reflejada en el censo y las elecciones ha sido de 17 meses.

Se da, además, la circunstancia de que el padrón utilizado para elaborar el censo vigente, es el de 1991: un padrón de nueva planta y no una mera revisión. Cuando se hace un padrón nuevo, cada cinco años, se elimina del mismo -y también del censo-, a quienes no se inscriben, aunque sigan viviendo en su domicilio habitual, lo que no ocurre en las revisiones anuales.

La elaboración de este padrón resultó polémica, pues se hizo junto al censo de población, que incluía preguntas presuntamente atentatorias a la intimidad, como el número de abortos, 'lo que retrajo a muchas personas de rellenarlo. El INE remitió, en junio de 1992, unas 600.000 cartas a antiguos electores que no figuraban en el nuevo censo.

Las listas electorales fueron expuestas al público en junio y diciembre de 1992, lo que permitió incorporar a 12 1. 000 y 15. 000 ciudadanos, respectivamente. Del 20 de julio al 5 de agosto del pasado año, hubo otra exposición en 734 municipios, que incorporó a 15.000 electores. Ya convocadas las elecciones, del 18 al 26 de abril, volvieron a exponerse las listas, lo que produjo 77.000 inscripciones más.

Errores informáticos

La Oficina del Censo propuso a la Junta Electoral Central (JEC) incorporar de oficio a 200.000 ciudadanos que se empadronaron en 1992, por lo que no figuraban en el padrón del 9 1. La JEC denegó la petición, por considerar que suponía modificar el censo, y ordenó que se diera a los afectados certificaciones específicas para que pudieran votar.

El INE aprovechó la ocasión para subsanar los errores descubiertos en dos ciudades, Alcalá de Henares (Madrid) y Granada, donde un fallo informático borró del censo a 20.000 y 9.000 ciudadanos, respectivamente, a los que se mandó una certificación entre el 15 y el 30 de mayo.

Pese a todas estas correcciones, a la vista de la dimensión de los problemas detectados, la JEC aprobó el 28 de abril una instrucción en la que autorizaba a remitir certificaciones censales a los afectados "cuando el número de omisiones indebidas en las listas del censo electoral o cualesquiera otras circunstancias excepcionales así lo aconsejen".

La ambigüedad de esta instrucción provoca polémica entre la oficina del censo y la JEC. Fuentes próximas a la junta aseguran que el propósito de la instrucción era atender situaciones extraordinarias y no modificar el censo, como ha sucedido, según Alejandro Ramos. A lo largo del mes de mayo, la oficina del censo remitió más de una veintena de consultas a la JEC y, en todos los casos, afirma Ramos, la respuesta fue favorable al elector.

Una de las primeras consultas fue la del periodista Manuel Campo Vidal, moderador del primer debate televisado entre Felipe González y José María Aznar. El director de Antena 3 Televisión no se empadronó en 1991, según reconoce, "por despiste", y también se le pasaron los sucesivos periodos de revisión del censo antes de advertir que no figuraba en él. El 30 de marzo de este año se empadronó finalmente y, el 17 de mayo, la JEC ordenó que se le remitiera una certificación censal específica, que recogió en su domicilio el 5 junio, lo que le permitió votar al día siguiente en el colegio instalado en el Ministerio de Educación, en el centro de Madrid.

En aplicación de los criterios fijados por estas consultas, las oficinas provinciales del censo entregaron 35.000 certificaciones hasta el 4 de junio y casi 25.000 más el día 6, mientras las urnas estaban abiertas. La inmensa mayoría de las certificaciones, asegura el responsable del censo, se entregaron a personas empadronadas en los últimos días e incluso el mismo domingo.

La afluencia de estas 25.000 personas, junto a los miles de ciudadanos que acuden a las oficinas del censo a informarse en jornadas electorales, fue la causa del colapso, según Alejandro Ramos. Sólo 2.000 reclamaciones, asegura; se referían a errores imputables a la confección de las listas de electores.

Carné de elector

La última palabra sobre la polémica la tiene la Junta Electoral Central, que ha pedido un informe a la oficina del censo, tras recibir una denuncia del Partido Popular sobre el elevado número de electores ausentes de las listas, y varias decenas de reclamaciones de ciudadanos afectados.

Además, los juzgados de instrucción número 7 de Granada y número 20 de Sevilla han abierto diligencias, tras recibir 200 y 500 denuncias, respectivamente, de ciudadanos que no pudieron votar. Un magistrado, que prefiere guardar el anonimato, vaticina que las denuncias no prosperarán, pues "en los errores del censo no parece que haya dolo [intencionalidad] y la negligencia la comparten los ciudadanos, que no acuden a la revisión de las listas, y la Administración, que no las comprueba suficientemente".

Estos problemas no se dan en otros países europeos como Francia, Alemania, Bélgica o Italia, donde existe un carné de elector, que sirve como documento acreditativo para votar. La ventaja de este sistema es que el ciudadano sabe que, si no tiene el carné y desea votar, debe reclamarlo a la Administración antes de la jornada electoral.

En Estados Unidos, hay que inscribirse como elector para cada elección y los partidos realizan campañas entre sus potenciales votantes para que se apunten en el censo. El español, por el contrario, da por sentado que podrá votar, sin ningún trámite previo, y muchas veces sólo descubre que no es así cuando llega la hora de la verdad.