10 años después de la tragedia se celebrará el juicio por Alcalá 20

EFE, La Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para el próximo 4 de octubre el juicio contra los responsables de la discoteca Alcalá 20, casi diez años después del incendio en el. que fallecieron 82 personas y 29 resultaron heridas.

El juicio se celebrará en el Palacio de Justicia, antigua sede de la Audiencia Provincial, ya que se prevé gran afluencia de público. Las familias afectadas estarán representadas por 31 abogados, que han seguido la causa estos últimos 10 años.

En la madrugada del 17 de diciembre de 1983, un cortocircuito provocó el trágico incendio que destruyó la discoteca Alcalá 20. El suceso comenzó a las 4.45 horas, cuando una llamarada surgió tras las cortinas del escenario, las luces se apagaron y el local se llenó de humo. Presas del pánico, más de 400 personas colapsaron pasillos y escaleras en busca de salida, y el humo, el fallo en el sistema de luces y una puerta de emergencia cerrada completaron la catástrofe.

Los informes periciales determinaron presuntas responsabilidades penales al incumplirse la normativa municipal en materia de este tipo de locales, tanto por parte de los propietarios, que admitieron más personas de las autorizadas, como por parte del Ayuntamiento, que, al parecer, no practico en su momento las inspecciones correspondientes.

Todo ello determinó el procesamiento por un delito de imprudencia temeraria de las cinco personas que explotaban el local y del entonces concejal del área de Seguridad, Emilio García Horcajo, así como de otros responsables de la discoteca.

Conclusiones provisionales

El fiscal pidió en sus conclusiones provisionales, hechas públicas el 13 de mayo de 1992, penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel para siete procesados, al tiempo que exculpaba al ex concejal de Seguridad García Horcajo y declaraba al Estado responsable civil subsidiario.

Además, solicitaba indemnizaciones de 15 millones de pesetas para los herederos de cada uno de los 82 fallecidos y otras cantidades para los lesionados, que oscilaban entre 12 y 35 millones.

En abril de 1992, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior aseguraron que indemnizarían inmediatamente a los familiares con 13,5 millones por cada víctima mortal.

El fiscal acusó de imprudencia temeraria a Juan Antonio Iglesias, Carlos Mendoza, Doroteo Martín, Pedro Rascón, Emilio Urdiales (empresarios de la discoteca), Miguel Gabaldón (instalador técnico autorizado por Industria) y Guillermo Herranz (miembro de la Junta de Inspecciones de Espectáculos).