Rusia, en el límite

LA ARRIESGADA decisión del presidente de Rusia, Borís Yeltsin, en la tarde del sábado 20 de marzo, de asumir poderes especiales, convocar un referéndum constitucional para el próximo 25 de abril e invalidar jurídicamente cualquier decisión de los órganos y cargos que pretendan abolir o congelar los decretos del presidente y el Gobierno ha potenciado el caos que ya vivía, Rusia desde que el VIII Congreso de los Diputados decidió, hace unos días, recortar las competen cias presidenciales e impedir la deseada consulta popular. Es evidente que o se recompone el diálogo y la sensatez entre los poderes ejecutivo y legislativo o la catástrofe es inevitable. La situación rusa es de tal complejidad que la simple enumeración de alguno de sus problemas la describe dramáticamente: Una economía que acaba de ofrecer el dato de una inflación del 128% en el mes de febrero y un descenso en la productividad del 20% en el mismo periodo. Un enfrentamiento total entre el poder ejecutivo y el legislativo que, de momento, acaba de desembocar en el citado decreto de Yeltsin por el que anula la labor del último y que ha sido inmediatamente contestado por el Congreso reunido ayer, domingo, con carácter urgente y extraordinario, para discutir la nueva situación. Se aprobó pedir al Tribunal Constitucional que estudie la legalidad de la decisión de Yeltsin, primer paso para declararle al margen de la misma. A ello hay que añadir el resurgir de los nostálgicos del sistema comunista -travestidos en ocasiones de nacionalistas- y la peligrosa tendencia centrífuga de una serie de repúblicas que conforman la actual federación. Ciertamente, Borís Yeltsin es el primer presidente ruso elegido democráticamente, pero la Constitución en vigor le impide adoptar decisiones como las del pasado sábado. En este sentido, su propio vicepresidente, Alexandr Rustkói; el presidente del Congreso, Ruslán Jasbulátov, y Valeri Zorkin, presidente del Tribunal Constitucional, han manifestado claramente su oposición al decreto. Su vicepresidente no tuvo reparos en declarar públicamente su terrorífico vaticinio: "El decreto conducirá a la división del Estado y de la sociedad; vendrá luego el uso de la fuerza, y después de la fuerza, la sangre".

Sin duda, el mayor error de Yeltsin ha sido el de no aprovechar la confianza popular que obtuvo al abanderar la resistencia que frustró el golpe de Estado de agosto de 1991 para celebrar inmediatamente unas nuevas elecciones, lo que ahora ansía, y renovar democráticamente un Congreso repleto de hábiles nostálgicos que no dudan en utilizar la bancarrota económica y el peor de los conceptos de nacionalismo para impedir a toda costa el tránsito hacia una economía de mercado inscrita en un régimen democrático y parlamentario. Anular al Congreso por decreto, sin respetar el ordenamiento constitucional vigente, por obsoleto que sea, equivale a colocar a Rusia en una situación límite.

Estados Unidos y el Reino Unido ya han declarado su apoyo formal al presidente Yeltsin. Mitterrand le visitó el pasado martes 16. Las manifestaciones morales de apoyo son importantes cuando se viven momentos como los actuales, pero no lo es menos que la ayuda económica, tan insuficiente y cicatera hasta la fecha, hubiera coadyuvado en mayor medida a impedir la actual situación caótica. La Constitución rusa debe ser reformada para archivar las huellas del pasado, y hacerlo por vías consensuadas. Los poderes ejecutivo y legislativo no pueden racionalmente autoexcluirse mutuamente, pero el origen de todos los problemas, lo que ha propiciado la extensión de la corrupción, el surgimiento de las mañas y especuladores, el descontento de la población, del Ejército y la policía, el resurgir de los estalinistas y los deseos segregadores de las repúblicas que conforman la Federación Rusa son datos tan precisos como esa hiperinflación y la tremenda disminución de su producción.