Las constructoras reclaman 17.000 millones, a pesetas Segipsa y al Ivima

Las empresas constructoras reclaman al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y a la empresa pública Segipsa una deuda de 17.000 millones de pesetas por obras construidas y no cobradas. La mayor parte de la deuda se arrastra desde hace más de un año y ha motivado que las constructoras estén estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de que no se arbitre una rápida solución.

La reclamación de las empresas se reparte en un triple ámbito: deudas de Segipsa -6.000 millones de pesetas-, de Ivima-Segipsa -6.000 millones- y de Ivima -5.000 millones- Esta diferenciación responde al esquema de funcionamiento de Segipsa y del instituto madrileño. En unas ocasiones, Ivima -o cualquier otro organismo autónomo- concede el proyecto de construcción a Segipsa para que lo desarrolle. En un segundo supuesto, Segipsa -anterioriormente denominada Sociedad para la Gestión de la Vivienda (SGV)actúa como un mero agente-gestor entre el Ivima y las constructoras. Por último, Ivima contrata directamente con las empresas.Las diferencias entre Segipsa, Ivima y las constructoras no son nuevas. Hace más de un año, SGV -hoy Segipsa- comenzó a tener problemas de tesorería y a incumplir pagos. La explicación oficial de la empresa, controlada por la Dirección General del Patrimonio, era que el Ivima había cortado el suministro de los fondos comprometidos. A su vez, el instituto aseguraba que el problema financiero era suyo, puesto que los convenios con la Administración central no eran cumplidos por ésta.

Poco después, su accionista, la Dirección General de Patrimonio, cambió el consejo de administración en pleno y nombró un administrador único, Carlos Díaz. Además vendió su sede central -situada en la calle de Casado del Alisal de Madridal Banco de España y realizó un reajuste de plantilla. Este plan de saneamiento concluyó con el traslado de la sede central a la calle de Claudio Coello, también en Madrid, un cambio de denominación social y un nuevo relevo en la dirección, que pasó a manos de José María Pérez.

A pesar de estos reajustes y los múltiples contactos políticos de alto nivel, el problema de la deuda de Segipsa y el Ivima sigue sin remitir. Por ello, las constructoras están sopesando la posibilidad de acudir a los tribunales y denunciar el impago.