Paso atrás
EL DELITO de violación no acaba de encontrar una línea jurisprudencial firme en la interpretación de los tribunales. Nuevamente una resolución judicial ha dado un paso atrás en lo que parecía ser una posición doctrinal consolidada: que una mujer ha podido ser violada, es decir, obligada a realizar el acto sexual por la fuerza y en contra de su voluntad, y, no obstante, no haber opuesto ante el agresor una resistencia que haga peligrar su vida o su integridad fisica.La decisión de la Audiencia de Barcelona de archivar una denuncia por violación por considerar insuficiente el grado de resistencia opuesta por la víctima a su agresor retorna a clichés jurisprudenciales anteriores a la Constitución. ¿O no basta que la víctima manifieste al presunto agresor que no la toque, que desista de sus propósitos e, incluso, que intente marcharse del lugar donde se encuentran para deducir razonablemente que el acto sexual pudo realizarse contra su voluntad? Al menos eso es lo que estimó el juez instructor que investigó la denuncia y que decretó el procesamiento y la prisión preventiva del denunciado. Los hechos eran merecedores, en todo caso, de un debate contradictorio en juicio oral más que de la decisión burocrática, apenas motivada, de un auto de archivo judicial. Que, además, constituye un juicio en toda regla sobre la conducta observada por la víctima, pero sin escucharla. ¿O no es tal atribuir su actitud, como temerariamente hacen los jueces, a una especie de treta tendente más bien a despertar la libido que a oponerse realmente a la relación sexual?
El acusado de violación tiene derecho, obviamente, a no ser condenado sin pruebas, pero su presunta víctima lo tiene tanto o más a ser escuchada y a que la justicia se pronuncie sobre hechos contrastados y no sobre atrevidas y arbitrarias introspecciones de psicología femenina. Resoluciones judiciales como ésta merecerían ser recordadas como una desgraciada excepción, como una anomalía. Sería lamentable que presagiaran un retroceso jurídico y social en los esfuerzos que viene realizando el colectivo judicial por perfilar una interpretación al delito de violación más acorde con la Constitución y la realidad social.
