Una familia pobre, desalojada de una vivienda social destinada a familias pobres

Ángel López, un albañil de 23 años; su es posa, Carmen Gallego, embarazada de ocho meses, y su hija de tres años se queda ron ayer en la calle, desalojados por orden judicial del piso que okupaban en San Blas. La casa pertenece al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), del Gobierno regional. Hace cuatro años vieron que llevaba meses vacía y dieron la patada porque no podían afrontar el pago de un alquiler ni vivir con sus familiares, que ya están hacinados en sus domicilios. Durante este tiempo no han tenido luz porque el anterior adjudicatario del piso se llevó el contador.

Varios vecinos del bloque observaban, indignados y apenados, el desahucio de la joven pareja. "Ésta es gente buena y educada, que cumple y no se mete con nadie, pero les ha tocado la china, cuando hay otros que revenden los pisos o que no viven en ellos", comentan enfadados. Todos enumeran casos de viviendas sociales que permanecen vacías en el barrio, algunas incluso desde hace decenas de años, mientras sus beneficiarios habitan en otros domicilios, o porque están inmersas en largos procedimientos judiciales.Carmen Gallego agarraba a su hija, Tamara, de la mano y lloraba mientras veía que los empleados de la mudanza trasladaban sus escasas pertenencias a un camión. Han vivido cuatro años en unos 30 metros cuadrados, sin electrodomésticos por falta de luz.

Su marido, más sereno, se siente abocado a volver a okupar otro piso. "Yo suelo trabajar de albañil, pero desde hace un mes me tengo que conformar con chapuzas como podar árboles en los parques, y mi mujer sólo tuvo hace tiempo un contrato de limpiadora", asegura. "Vimos que esta casa llevaba unos seis meses vacía porque a sus adjudicatarios les habían concedido otro piso y entramos", explica Ángel López. "Luego, nos llamaron a un juicio porque iban a concederle el piso a una señora, que no se presentó, y hace una semana nos llegó la orden de desahucio", añade.

Nunca han recurrido a ningún servicio social, salvo a Cáritas en los últimos meses, ni han solicitado una vivienda pública para resolver su problema. Con la orden de lanzamiento encima, siguieron sin formalizar ninguna petición. Es algo que lamentan, aunque, en el fondo, tienen un poso de pro fundo escepticismo. "Mi hermana, que también fue desalojada por ocupación ilegal, presentó todos los papeles en el Ivima hace nueve años, y nada". Este periódico intentó ayer sin éxito conversar con los responsables del Ivima para que ofrecieran su versión y señalaran si la vivienda desalojada tiene ya nuevos ocupantes.