La patronal dice que aún hay tiempo para negociar

Fabián Márquez, asesor de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), afirmó ayer que esta patronal "siempre ha estado dispuesta a negociar". "Falta el trámite en el Senado", destacó durante su intervención en las jornadas sobre El proyecto de ley de huelga en el contexto del futuro mercado laboral. Márquez añadió que "es legítimo que el PSOE no quiera negociar con la CEOE, pero entonces que asuman el peso ellos solos". A juicio del representante de la patronal, "en un momento de crisis como el actual, con graves problemas de empleo, no parece lo más rentable hacer la ley de huelga más progresista del mundo".En la misma línea, el representante de los pequeños empresarios Cepyme, Elías Aparicio, destacó que "el año pasado el 80% de las horas pérdidas por huelga (un total de 88 millones) no tienen nada que ver con motivos laborales". El coste total de estas horas perdidas, según sus cálculos, y medido por lo que se ha dejado de ganar, equivale al 0,5% del PIB.

El diputado del Partido Popular Gabriel Cisneros afirmó, en el mismo foro, que en el Senado se debería rectificar "la regulación de la cesación del trabajo, de los piquetes y de las sanciones por participar en huelgas ilegales". También CiU, según su diputado Rafael Hinojosa, rechaza el actual texto y "tiene la ilusión de que se mejore en el Senado para que las empresas puedan funcionar con la paz suficiente como para. crear empleo y riqueza, que es su función".

En el seminario también intervinieron -como expertos en la materia- los catedráticos Juan Antonio Sagardoy y Luis Enrique de Villa, y los magistrados Rafael Martínez Emperador y Manuel Iglesias Cabero. Con diferencias de matiz, los cuatro estuvieron de acuerdo en destacar que el proyecto es constitucional, pero muy favorable a una de las partes: los huelguistas. En palabras de Sagardoy, "'el proyecto potencia el derecho de huelga y deja en penumbra otros derechos". Luis Enrique de Villa destacó que es un proyecto "radical que amplía lo que se considera una huelga legal", porque "el huelguista elige la forma de la protesta". El magistrado Martínez Emperador afirmó que el proyecto "evidentemente potencia la función del piquete". Iglesias Cabero destacó el escaso margen de maniobra que se deja al empresario cuando sus empleados hacen huelga.