"Leguina no quiere llegar al fondo en el 'caso Atocha"

Cobo, abogado leonés de 36 años, se afilió al PP en 1986. Vive en Boadilla del Monte (Madrid) y, hasta 1991, se había limitado a hacer algún que otro informe Jurídico para Alberto Ruiz Gallardón, portavoz del partido en la Asamblea de Madrid.Sobre el caso Atocha mantiene una actitud ponderada y, sobre todo, muy disciplinada. Este caso, denunciado por el PP a mediados del pasado mes de diciembre, pone de manifiesto que diversos departamentos del Gobierno de Leguina -la Consejería de Cooperación especialmente- adjudicaron obras por valor de 4.000 millones de pesetas a Construcciones Atocha por trabajos no realizados o con fechas imposibles o en licitación con otras que resultaron ser la misma compañía. Cobo, que preside también la comisión parlamentaria que investiga el tema, es quizá el que mejor conoce en estos momentos los entresijos de esas adjudicaciones en las que Leguina sólo ha reconocido "errores".

La comisión de investigación, que se puso en marcha a finales de diciembre, ha citado para mañana a los responsables de Construcciones Atocha y sus empresas filiales. Hasta ahora han pasado por ella algunos funcionarios y altos cargos y verá desfilar la próxima semana a cuatro consejeros de Leguina.

Pregunta. ¿Cómo llegó el caso a manos del PP?

Respuesta. En la campana electoral del 91 se nos dieron áreas para trabajar en el partido, y una de ellas era la de las paralizaciones de obras. Yo estoy en la comisión de vigilancia de las contrataciones y Antonio Beteta [diputado del PP, portavoz de la comisión de Economía] me dijo que me ocupara de estas obras paralizadas y empezamos a encontrar nombres cruzados de las mismas empresas en ellas. Todo era muy evidente.

P. Total, que el PP se encontró con un estupendo filón que explotar para esta larga precampaña electoral. Supongo que le habrán animado mucho a seguir adelante.

R. Este grupo es muy compacto y me han animado para este tema como para cualquier otro. Pero aparte de esto, cuando surge esta historia, en octubre del 91, no estábamos en precampaña electoral, aunque ésta sea efectivamente muy larga. No iban por ahí las cosas.

P. El ciudadano debe estar algo confuso con este caso. Al principio se habló de adjudicaciones por valor de 4.000 millones. Leguina lo rebajó a 2.900 y luego se podía sumar 3.000 millones más por Defensas Hidráulicas. ¿Por cuánto dinero estamos discutiendo?

R. Nosotros hablamos de 4.000 millones en adjudicaciones. Esto no quiere decir que falten 4.000 millones. Hay publicaciones que han dado cifras de adjudicaciones de ayuntamientos de la región sobre las que nosotros no tenemos control directo. Aparecen adjudicaciones de municipios, algunas incluso subvencionadas por la Comunidad pero no directamente. Si sumas esas obras es cuando las Cifrasse acercan a los 7.000 millones dle pesetas en la Comunidad de Madrid desde un punto de vista geográfico, no político.

P. ¿Cómo han realizado ustedes el trabajo? ¿Han comprobado personalmente que no existe por ejemplo, ese acopio de material comprado por 72 millones para un laboratorio en Algete?

R. Sí. En este trabajo están colaborando muchos diputados y muchos concejales de ayuntamientos. Yo aparezco como el responsable de la historia, pero no estoy solo. También hay mucha gente que nos llama porque estas empresas, al suspender pagos, han dejado a cientos de pequeños empresarios sin cobrar, a gente enfadada que, de hecho, está aportando muchos datos. Las fuentes de información son muchísimas y hemos indagado en el Registro Mercantil y hasta en el Instituto Meteorológico. Había una obra que estuvo paralizada durante siete meses por problemas meteorológicos, lo cual no entendíamos. Así que fuimos al Instituto y vimos que no había habido ninguna tormenta ni tifón que justificaran esa paralización.

P. ¿Por qué el PP no ha pedido dimisiones?

R. Porque no era el momento. Sin querer pecar de petulancia, creo que este trabajo lo estamos realizando de forma muy rigurosa. Estamos cotejando todo con documentos. No ha habido demagogias, ni insultos, ni descalificaciones globales. Se trataba de ver lo que teníamos, pedir más documentación, analizarla y entonces ver si cabe pedir dimisiones.

P. ¿Guarda el PP una carta más en la manga o ha expuesto a la opinión pública y a la comisión todo lo que sabe?

R. En la misma línea de seriedad hemos querido dar a conocer sólo aquello que está probado. Eso no es guardar cartas. Nos parece imprudente hablar de cosas que aún no están confirmadas. Eso es todo.

P. ¿Qué le parece la actitud de IU?

R. Creo que al principio observaba el asunto muy desde fuera porque no tenía documentación sobre el tema. A medida que va conociendo el tema va interviniendo más en la comisión, está haciendo las preguntas que cree convenientes. Lo importante es saber lo que va a decir al final. Ahora va in crecendo su interés.

P. ¿Cuánto tiempo cree que necesita la comisión para terminar su trabajo?

R. Nosotros presentamos la solicitud de un aplazamiento hasta el 28 de febrero, o sea, un mes más. La comisión de investigación del asunto de Renfe en San Sebastián de los Reyes tardó tres meses y pico en estudiar cuatro operaciones de compraventa. El caso Ollero en Andalucía comprendía tres adjudicaciones a la empresa Ocisa y fueron casi cuatro meses. Aquí hablamos de 75 expedientes y ni siquiera tenemos aún toda la documentación. Izquierda Unida propuso centrar el tema en las irregularidades señaladas por el PP y dejar el resto a los trámites habituales de la Asamblea. Creo que es lo más idóneo.

P. ¿Está el PP confirmando todos los datos que tenía en la mano o se palpa que las irregularidades son más importantes?

R. Confirmamos lo que estábamos diciendo y aparecen cosas nuevas, aunque en la misma línea de lo que decíamos. Es una suma cuantitativa, no cualitativa.

P. El PP ha querido dejar siempre muy claro que Leguina está fuera de toda sospecha.

R. Si yo fuera muy malo no le contestaría la verdad y diría como ellos [los socialistas]: "Yo creo que está fuera de toda sospecha pero yo no pondría la mano en el fuego". Creemos que Leguina no tiene nada que ver en este asunto; lo que sí ocurre es que no ha hecho todo lo que tenía que hacer después de enterarse de lo ocurrido. Al principio reconoció las irregularidades, pero a partir de ahí su actitud es la de cualquier otro responsable político de cualquier signo -para que no se enfade- No llega al fondo ni quiere llegar. No ha actuado como esperábamos que actuara. Yo creo que eso también lo sabe la gente. El Consejo de Gobierno nos envía la documentación tarde, mal e incompleta.