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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Defensa cómplice

LAS CONVERSACIONES, legalmente grabadas en la cárcel de Alcalá-Meco, entre el abogado Txemi Gorostiza, de Herri Batasuna (HB), y el preso etarra José Ignacio de Juana confirman muchas cosas sobre la actual situación del mundo de ETA de las que ya existían indicios: el clima de descomposición de la organización, la sensación de abandono que viven sus presos y, sobre todo, la profunda división que provoca en este colectivo su dispersión carcelaria y la vía que abre a su reinserción una inteligente aplicación de los beneficios penitenciarios. Pero también revela algo de lo que hasta ahora sólo había sospechas, aunque fundadas: la existencia de abogados de presos de ETA que, amparándose en el ejercicio del derecho de defensa, actúan ante todo como intermediarios, correos, mensajeros, cómplices o colaboradores entre sus clientes y la dirección de la banda terrorista a la que pertenecen.Las dificultades del Estado democrático para defenderse del acoso del terrorismo se acrecientan cuando éste se produce mediante la utilización engañosa de sus resortes legales y de los derechos fundamentales que garantiza: el de defensa, entre otros. La doblez de quienes así actúan, reivindicando las garantías del Estado de derecho al tiempo que las ponen al servicio de una estrategia que tiene por objetivo destruirlo, les sitúa en una posición de ventaja, Esto es especialmente cierto en el caso de quienes se emboscan en su oficio de defensor para activar el impulso criminal del terrorismo.

Desenmascararlos es sumamente laborioso: saben prevalerse de su profesión y de la prestación de un servicio de asistencia jurídica ampliamente garantizado. Pero el Estado democrático tiene medios y capacidad para impedir que derechos que amparan a todos -incluso a terroristas convictos- puedan servir, bien por su formulación legal imprecisa o por la mala fe de que algunos hacen gala en su aplicación, a los propósitos de quienes no creen en ellos y combaten con saña a las instituciones que los avalan.

La investigación judicial abierta sobre el caso deberá determinar los mecanismos que estos abogados de confianza de ETA utilizan para mantener vivo el aparato terrorista en las prisiones y realizar, al amparo de un ficticio ejercicio del derecho de defensa, tareas de mensajeros, trayendo y llevando instrucciones que, a veces, han podido desembocar en atentados. Concretamente, la justicia habrá de esclarecer en qué medida la conversación mantenida entre el abogado Gorostiza y el recluso etarra José Ignacio de Juana, antiguo responsable del sangriento comando Madrid e involucrado en más de 20 atentados mortales, ha podido, influir en el asesinato, 10 días después y en San Sebastián, del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez. Sugerencias o propuestas como las de que se produjeran atentados de ese tipo se acabaría con la política de reinserción no suelen reducirse a meros deseos cuando se manifiestan en el entorno violento de ETA: siempre hay alguien que se siente dispuesto a llevarlas a la práctica.

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De ahí la importancia que tiene la investigación judicial a la hora de delimitar en un sumario el grado de verosimilitud de una hipótesis que muchos consideran archidemostrada: si la relación con ETA del conglomerado civil de Herri Batasuna, además de política (los mismos objetivos), es también orgánica (los mismos métodos). Esta clarificación es especialmente importante en el caso de los abogados de Herri Batasuna, dado el papel relevante que desempeñan debido a su profesión y a los servicios jurídicos que prestan.

Hay que saber si cuando ejercen la defensa de presos etarras son sólo defensores o también cómplices y encubridores; o si cuando median en un secuestro son intermediarios o portavoces de los secuestradores; o sí sus despachos profesionales son a la vez oficinas de recaudación del impuesto revolucionario. La justicia no puede quedarse impasible ante prácticas que su]pondrían una manipulación posiblemente delictiva de lo que los abogados, justamente, reinvidican como "el sagrado deber de defensa". Tampoco los colegios de abogados pueden hacer como si nada vieran.

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