"La deficiente calidad de los abogados de oficio"

Además de su crítica a la deficiente estructura del nuevo edificio de la Audiencia, el informe de Jueces para la Democracia analiza algunos de los problemas con que habitualmente se encuentran las distintas secciones penales. En concreto, "la deficiente calidad de las defensas de oficio, lo que hace conveniente", según este documento, "la introducción de la figura del defensor público"."[Los abogados del turno de oficio] suelen ser gente poco experimentada, que acaba de empezar la carrera y que, sin embargo, en ocasiones se hace cargo de asuntos de notable importancia", dicen fuentes de la Audiencia de Madrid. Los ciudadanos cuya retribución mensual no exceda del doble del salario mínimo interprofesional tienen derecho a una justicia gratuita y, si lo piden, a que se les asigne un abogado de oficio.

Juicios suspendidos

El informe de los magistrados progresistas hace hincapié en el alto porcentaje de juicios suspendidos durante 1992, con las consiguientes molestias que ello origina a testigos, encausados y al propio tribunal. Según este documento, el año pasado fueron suspendidos casi 30 de cada 100 juicios programados. La incomparecencia del acusado (en 520 ocasiones), de testigos cruciales (en 398) y de los propios abogados (en 154) son las causas más llamativas.

¿Por qué no acuden al juicio los testigos? En opinión de estos jueces, "es necesario garantizarles su seguridad y dignidad", antes y durante la vista; también es imprescindible "evitar la repetición innecesaria de citas para un mismo testigo", así como efectuar "una campaña de educación ciudadana" y "arbitrar los mecanismos adecuados encaminados a incentivar la comparecencia de los testigos, por ejemplo, imponiéndoles una multa".

¿Cómo es posible también que el acusado -normalmente encarcelado- no acuda a un juicio? Si el recluso está en una prisión fuera de Madrid hay que solicitar su comparecencia con un mes de antelación "como mínimo", indica Jueces para la Democracia. "La rutina burocrática y la ausencia de una verdadera responsabilidad de la Administración penitenciaria frente a los órganos judiciales favorecen la persistencia de esta desidia". "La desconexión entre la Administración penitenciarla y las esferas policiales determina numerosas rebeldías ficticias en caso de internamiento de acusados", agrega el documento.