El Poder Judicial se opone a la propuesta del Gobierno de limitarIos permisos penitenciarios

La iniciativa legislativa anunciada por el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, para que el fiscal pueda suspender con un recurso un permiso carcelario concedido por el juez de vigilancia penitenciaria ha sido rechazada en medios jurídicos. Éstos consideran que con esta medida se pretende utilizar la crispación producida por el crimen de Alcàsser para renovar el propósito gubernamental de reducir la competencia de los jueces en beneficio de la Administración. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y diversos juristas se oponen a la iniciativa y piden reflexión para reformar la ley sin eludir el control del juez de vigilancia.

La oposición del CGPJ la expresó Javier Gómez de Liaño, vocal adjunto a la presidencia, para quien la propuesta de Justicia implica "un criterio restrictivo para la concesión de los permisos que no encaja en un Estado de derecho". La suspensión del permiso por recurso del fiscal "denota desconfianza hacia los jueces de vigilancia que no tiene sentido, ya que cuando la Administración daba los permisos había más fracasos", dijo. Gómez de Liaño recordó que el permiso de seis días a Antonio Anglés, presunto implicado en el crimen de Alcàsser, se concedió con el beneplácito del Equipo de Observación y Tratamiento y de la Junta de Régimen y Administración de la cárcel.Un portavoz de Justicia precisó que Quadra-Salcedo propone "que los jueces fiscalicen a la Administración penitenciaria, pero no la suplanten". Gómez de Liaño insistió en que no basta la fiscalización, sino que son los jueces quienes deben decidir, como recordó recientemente el CGPJ.

El vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, aseguró ayer a Europa Press: "Se está llegando a un extremo de presión que no queremos los jueces. La sensación de acoso es grave".

Terapia para violadores

Manuela Carmena, juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, se muestra de acuerdo con una reforma legislativa "que ponga el acento en la relación del recluso con el delito, no en la buena conducta penitenciaria". Reveló que ha dado permisos a condenados por violación -ninguno ha reincidido- "tras someterlos a una terapia, con participación de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas y enviándolos al centro de salud de su barrio, en principio por unas horas y con garantías, como avisar a la víctima".

Por Jueces para la Democracia, Cándido Conde-Pumpido reprochó que "se utilicen hechos luctuosos para culpabilizar sutilmente a los jueces de vigilancia y ampliar el ámbito de decisión no controlable de la Administración penitenciaria en la ejecución de las penas". Además consideró irrenunciable resocializar al preso.

Los catedráticos de Derecho Penal Francisco Muñoz-Conde y José Luis Díez Ripollés coinciden en que no debe legislarse por coyuntura, sino reflexivamente. Muñoz-Conde cree "una barbaridad cargarse la política de permisos" y Díez Ripollés objeta la propuesta de Justicia, "que quiere administrativizar los permisos y desjudicializarlos". Este penalista considera que lo correcto es "modificar la ley para que los jueces, ateniéndose a ella, den menos permisos, pero los jueces".

El PP también estima que los permisos deben ser competencia única de los.jueces. Los obispos de Málaga y Sevilla pidieron ayer dureza penal para delitos como los de Alcàsser.