Represalia y legalidad

AVIONES ESTADOUNIDENSES, británicos y franceses bombardearon ayer objetivos militares en territorio de Irak. La noticia confirmó lo declarado horas antes por el secretario de Estado norteamericano, Lawrence Eagleburger, el cual manifestó en París que, si bien "todo está preparado", el qué y el cuándo de la eventual intervención" depende del presidente". No cabe duda alguna de que las diversas provocaciones que Sadam ha realizado en los últimos tiempos -establecimiento de misiles en zonas prohibidas al vuelo, prohibición de aterrizar en Irak a los observadores de la ONU, reiteradas incursiones en territorio kuwaití, etcétera- exigen una respuesta rotunda que ponga fin a la constante política de incumplimiento de las condiciones que Irak firmó en el momento en que fue derrotado en la guerra del Golfo. Es sumamente peligroso dejar que Sadam vaya cometiendo infracción tras infracción sin respuesta adecuada, en una escalada sin fin. Por tanto, una acción militar es coherente como respuesta.Pero el respeto a las normas del derecho internacional hubiera exigido que fuera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien de manera clara decidiera esa intervención. Después de todo, las provocaciones e infracciones cometidas por Sadam van dirigidas contra la ONU, y no sólo contra EE UU. Es más, si hay alguien interesado en dar la sensación al mundo de que su enemigo es EE UU (y no la comunidad internacional en general) es el dictador iraquí. Si las medidas militares para responder a Sadam son tomadas por EE UU, si es Bush quien unilateralmente decide el qué y el cuándo -por grande que sea el apoyo de otros aliados, bien sobre el terreno o mediante declaraciones políticas-, el papel de la ONU quedaría gravemente mermado y, en la misma medida, reducida la eficacia política de las acciones. Es completamente distinto para muchos pueblos y para muchos Gobiernos un enfrentamiento ONU-Sadam que uno que oponga a EE UU con ese régimen.

Además, supondría un paso atrás respecto a lo que, en el sentido de avanzar hacia un derecho internacional que merezca ese nombre, supuso la intervención aliada de hace dos años. Entonces, por primera vez en la historia, los países que arriesgaban a sus hombres en una acción de policía internacional lo hacian, si no tras la bandera de la ONU, sí de acuerdo con resoluciones específicas de dicho organismo respaldadas por el más amplio consenso internacional, incluyendo la mayoría de los Estados árabes.

De ahí que, una vez logrado el objetivo de desalojar a, las tropas iraquíes de territorio kuwaití y de asegurar las fronteras, los aliados renunciasen a proseguir su ofensiva hasta Bagdad y a acabar con el régimen de Sadam. Esa tarea, no explícitamente autorizada por la ONU, correspondía a los propios iraquíes, y si bien la comunidad internacional adoptó medidas concretas, orientadas a evitar la matanza de los kurdos en el norte y a defender a los disidentes sihíes en el sur, se abstuvo de imponer una solución por las armas. Esta decisión ha sido criticada, por considerar que difícilmente se reunirán condiciones tan favorables para lograr ese objetivo. Sin embargo, una intervención de esa naturaleza por parte de las tropas norteamericanas hubiera resultado dudosamente legal y sentado un precedente peligroso.

La ONU está actuando de modo práctico, con cascos azules, en numerosos países -Bosnia, Macedonia, Croacia, Camboya, Angola, Mozambique, Chipre, El Salvador-, en condiciones sin duda muy distintas, pero con un objetivo común: evitar o poner fin a las guerras, impedir las violaciones de las normas del derecho internacional más escandalosas o peligrosas para la paz mundial. En esas operaciones encuentra grandes dificultades por el insuficiente apoyo de muchos Gobiernos que, tanto en el plano financiero como en el de aportación de hombres, se muestran muy reticentes.

Doble rasero

Estas dificultades son superables. Sin embargo, hay dos deficiencias fundamentales que son las que ponen en entredicho en muchos casos la validez de la actuación de la ONU. Primero, el hecho de que sus resoluciones de orden general sean luego utilizadas por algún país, sobre todo EE UU, para llevar a cabo acciones militares unilaterales, o con el apoyo de algunos aliados, pero fuera del esquema previsto por la Carta en su capítulo VII para el empleo de la fuerza. Es lo que puede estar ocurriendo ahora en Irak, si se confirman las impresiones de las últimas horas. La Carta de la ONU ha previsto un mecanismo para que el Consejo de Seguridad disponga de unos efectivos militares de rápida movilización para casos de emergencia. Urge llevar a la práctica esa previsión, como lo ha recomendado el secretario general.

En cambio, mezclar decisiones generales de la ONU, que incluso no se basan en el capítulo VII, con acciones militares de una potencia o de varias potencias, es una práctica perversa, incluso cuando el objetivo de tal acción (como ocurre en el caso de Irak en la actualidad) tenga justificaciones profundas. Las formas, el procedimiento, el respeto a la Carta de la ONU, es decisivo, porque ello afecta al valor moral de algo tan delicado, como es la utilización de la fuerza militar.

Pero hay otra deficiencia más grave que se manifiesta de manera cada vez menos soportable en la conducta de la ONU. La aplicación de dos raseros según cuál sea el país que. ha violado la Carta de la ONU. Lo ocurrido en muchos casos recientes da la impresión de que las sanciones previstas en la Carta sólo se aplican si EE UU y sus aliados europeos están interesados en ello. En el caso de Bosnia, la ONU ha tardado casi un año en tomar en consideración la posibilidad de una intervención militar destinada a detener los crímenes horrorosos que allí se están cometiendo en nombre de la limpieza étnica. Para la nueva actitud en el Consejo de Seguridad ha sido esencial la evolución de la posición de EE UU, que durante mucho tiempo se desinteresó del asunto. Ahora parece que, merced a esa amenaza del empleo de la fuerza, hay un cambio en la actitud serbia que puede abrir posibilidades de avanzar hacia una solución. Pero su concreción exige completar la presión diplomática con pruebas evidentes de que la intervención militar sigue preparándose y en absoluto está descartada. La dirección serbia, en Belgrado o en Bosnia, sólo aceptará un acuerdo de paz, deseable incluso si es precario, si sabe que está amenazada de una acción militar de la ONU.

Un caso aún mucho más evidente de aplicación de los dos raseros es el de Israel. No se trata sólo de las violaciones constantes por Tel Aviv de las resoluciones de la ONU sobre el caso palestino. Ahora está en el centro de la atención mundial la dramática situación de los 415 palestinos desterrados -por una pura decisión administrativa- a una zona inhóspita fuera de las fronteras de Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU tomó el pasado mes de diciembre una resolución exigiendo la repatriación inmediata de los desterrados. Israel se negó a ello y la visita a Jerusalén de dos enviados del secretario general de la ONU sólo ha servido para confirmar la intransigencia de Rabin. ¿Cómo se explica que, en estas condiciones, el Consejo de Seguridad ni siquiera haya considerado la aplicación de sancione! a Israel? La impresión de que EE UU aplicaría su veto ha sido suficiente para que así ocurra. Tal práctica es injustificable.

Vivimos una etapa, después del fin de la guerra fría, en que se van a multiplicar los conflictos y en que, por lo tanto, el empleo de fuerzas internacionales para defender el derecho internacional será cada vez más necesario. Si no queremos que se produzca el retorno a la ley de la jungla, es decisivo dar a la acción de la ONU la máxima transparencia. Alejarla de todo lo que sea cobertura de acciones unilaterales. Y supresión de la práctica de los dos raseros.