El control de los ultras supone un gasto de 1.000 millones al año para el contribuyente

1.000 millones de pesetas anuales es el esfuerzo que el contribuyente español dedica al control de los grupos ultras del fútbol. La cifra, salvo una radical solución al problema, aumentará. En las diez jornadas disputadas el gasto alcanza ya los 450 millones. La Comisión Nacional contra la Violencia manifestó ayer su preocupación por el incremento registrado) durante los últimos meses en el número de hinchas violentos -10.000 según los informes policiales y en sus desplazamientos. Rafael Cortés Elvira, director general de Deportes, y Fernando Puig de la Bellacasa, director general de Política Interior, convocarán esta semana a Ramón Mendoza y a Jesús Gil para exigirles que no apoyen a los colectivos ultras.

Cada jornada de la Liga de fútbol, un número nunca inferior a los 1.500 agentes de policía es movilizado para controlar a los ultras en sus propios estadios o en sus desplazamientos. Son 200.000 horas operativas de trabajo las que se dedican a esa tarea, con un coste de 1.000 millones de pesetas para el contribuyente. "Por todo ello, hacemos un llamamiento a los clubes para que colaboren en la erradicación de la violencia. Tengo el convencimiento moral de que hay clubes que financian a los ultras. A ellos va dirigido este llamamiento", manifestó Cortés Elvira como presidente de la Comisión Nacional contra la Violencia.La comisión se congratuló por el cierre del estadio de Vallecas (es el primer castigo severo adoptado a petición de dicho organismo a pesar de los 109 expedientes trasladados a la autoridad gubernativa) y descartó solicitar sanciones para Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, quien acusó a la policía de "masacrar" a los Ultrasur en Riazor, y para César Augusto Lendoiro, presidente del Deportivo, quien calificó de "gilipollas'.' a un miembro de la citada comisión.

Cortés Elvira explicó que Ramón Mendoza se había disculpado por carta ante José Luis Corcuera, ministro del Interior, aunque negó que este detalle hubiese pesado en el ánimo de la comisión a la hora de decidir su exculpación: "Los juristas han considerado que sus manifestaciones no son sancionables ni incitan a la violencia".

Sin embargo, el director general de Deportes confesó el sentimiento de repulsa que el presidente blanco había provocado con sus palabras: "Mendoza está siempre en el filo de la navaja. Esta comisión repudia las declaraciones del señor Mendoza porque en absoluto favorecen el buen clima y entendimiento en el mundo del deporte, y dificultan el trabajo de las fuerzas de seguridad". Sobre Lendoiro, la comisión consideró que la apertura de un expediente "podría incentivar más aún a la propia violencia".

Cortés Elvira reiteró que su convencimiento sobre la financiación de algunos clubes a los grupos ultras era moral y no documental. "Tenemos conocimiento de ello, pero nos faltan pruebas. En cuanto las tengamos, se dará traslado a la autoridad gubernativa para que actúe en consecuencia".

En este sentido, el presidente de la comisión expresó la preocupación existente en las fuerzas de seguridad por el incremento en los desplazamientos de grupos ultras: "Pedimos a los clubes que den el nombre y el número del carné de identidad de todos los que viajen, que dificulten esos viajes y que no los financien. En estas diez jornadas que se llevan disputadas, el número de hinchas violentos ha crecido de 9.000 a 10.000".

Vigilancia en los estadios

La comisión aprobó el reglamento de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, Real Decreto que seguirá su tramitación en el Consejo de Estado y que establece las medidas que los propietarios (los clubes) deben adoptar para adecuar sus recintos a la ley.

El reglamento fue aprobado pese al voto contrario de Jesús Samper, representante de la Liga de Fútbol Profesional, la patronal de los clubes, por considerar muy elevados los costes económicos que conllevan las reformas.

Los informes policiales estiman que las canchas de baloncesto cumplen la normativa, pero no muchos de los estadios de fútbol. La comisión estableció las cifras mínimas de vigilancia en cada recinto: 0,5 guardias privados, 2 voluntarios y 2,3 policías nacionales por cada 1.000 espectadores.