Federico Durán, elegido presidente del Consejo Económico y Social

Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba, fue elegido ayer presidente del Consejo Económico y Social (CES) por 48 de los 60 consejeros del organismo y sin el apoyo de los representantes de Comisiones Obreras y ELA-STV. El secretario general es Angel Rodríguez Castedo, hasta ahora director general del Instituto de Servicios Sociales, y que ha obtenido el respaldo de 57 consejeros y sólo tres abstenciones.

El Gobierno propuso ayer un solo nombre para presidir el CES y no la terna a la que se había comprometido con los interlocutores sociales. Las incompatibilidades y el sueldo -los de secretario de Estado- han supuesto la principal dificultad para encontrar otros candidatos.Ayer, el subsecretario de Trabajo, Carlos Navarro, propuso a los 60 consejeros del CES el nombre de Federico Durán, como presidente, y el de Ángel Rodríguez Castedo- como secretario general.

Durán, gaditano de 42 años, era hasta ahora presidente de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. Su. candidatura está apadrinada por Miguel Rodríguez Piñero, presidente del Tribunal Constitucional, de quien fue "el alumno favorito junto a Felipe González", según un dirigente sindical.

El ya presidente del CES el nombramiento,se hará en Consejo de Ministros- ha sido catedrático de Derecho del Trabajo en las universidades de Barcelona y Granada y actualmente lo es de Córdoba. Ha intervenido en la elaboración de diversos proyectos normativos en materia laboral, entre ellos la ley de huelga. Formó parte de la comisión de expertos que realizó el informe sobre la reforma de las modalidades de contratación laboral y del grupo de expertos de la Comisión de las Comunidades Europeas para el estudio de la armonización de los ordenamientos sociales de los Estados miembros. Desde el año 1986 presidía la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Comisiones Obreras es la organización que más reticencias ha mostrado para respaldar a Federico Durán y ayer se abstuvo en la votación. José María Fidalgo argumentó que "sus relaciones [de Durán] con CC OO no han sido muy satisfactorias en la Comisión de Convenios Colectivos" y han desestimado votar en contra porque presumen que "se abre una nueva etapa".

El sindicato vasco ELA-STV y la coordinadora de agricultores COAG -vinculada a Comisiones- también se abstuvieron en la votación por la que ha resultado elegido Federico Durán.

Ángel Rodríguez Castedo sí ha contado con el apoyo de Comisiones Obreras como secretario general del CES. Licenciado en Filosofía y Letras es experto en asuntos sociales y ha ocupado la dirección general del INSERSO (Instituto de Servicios Socia les) cuando el organismo dependía de Trabajo (1985-1988) y ahora que pertenece al Ministerio de Asuntos Sociales.

Un año de retraso

Una vez el Consejo de Ministros ratifique los dos nombramientos el próximo viernes, se constituirá formalmente el Consejo Económico y Social un año después del plazo fijado por la ley que daba carta legal a su creación.

Los dos vicepresidentes serán elegidos por el Pleno a propuesta del grupo I -formado por las organizaciones sindicales más representativas- y del grupo II -organizaciones patronales.Los sindicatos han decidido una vicepresidencia rotatoria y en los primeros dos años la ocupará

Emilio Castro (secretario de acción institucional de UGT). El vicepresidente en representación de los empresarios será Juan Jiménez Aguilar (secretario general de la patronal CEOE). La misión de estos dos cargos es sustituir al presidente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán las funciones que aquél delegue.

El CES dispone de un presupuesto de 534 millones de pesetas para 1993, 13 millones más que en 1992 y que no han sido utilizados. Cuenta con un predominio de expertos en relaciones laborales, sobre todo en la dirección, en el grupo de expertos designado por el Gobierno y entre los representantes de la patronal. Los sindicatos han optado por una mayoría de economistas.

El consejo tiene la sede preparada hace meses en el antiguo edificio Pueblo, en la madrileña calle de Huertas. Su función consiste en ser un órgano consultivo del Gobierno y emitir dictámenes preceptivos, aunque no vinculantes, sobre anteproyectos de leyes en materias socio-económicas y laborales.