Las denuncias por regar jardines en plena sequía incluyen a nueve organismos oficiales

Ni llueve a gusto de todos ni todos actúan igual ante la sequía. La Asamblea de Madrid aprobó en mayo un decreto que prohibe regar en los jardines privados y en el césped de los públicos no históricos. El decreto ha sido incumplido repetidamente. Las denuncias han proliferado, y a través del teléfono del Canal de Isabel II se han controlado 5.563 infracciones, aunque se han tramitado sólo 582. Entre los expedientados -todavía con posibilidad de recurso- hay nueve organismos oficiales (el Ayuntamiento de Madrid, el Instituto Geográfico Nacional o la base aérea de Torrejón de Ardoz), un monasterio, hoteles, hipermercados y clubes deportivos. Los infractores proliferan en la zona norte.

El resultado persuasivo de la ley antisequía aprobada por el Parlamento regional a finales del pasado mes de mayo no ha sido suficiente. Algunos organismos públicos y muchos particulares han pasado por alto el contenido de la norma y han continuado regando sus jardines sin miramientos.El teléfono gratuito montado por el Canal de Isabel II para recibir llamadas de aviso de los ciudadanos (900 10 00 00) se ha visto desbordado, con 24.777 denuncias hasta el pasado 16 de octubre. Muchos de estos contactos, sin embargo, fueron nulos (9.192), otros sirvieron para comprobar fugas o roturas (4.893) -algunas de bocas de riego municipales- y 5.563 resultaron realmente infracciones a la ley.

No todas las infracciones se han concretado en expedientes sancionadores. Muchos ciudadanos no se identifican cuando se les pregunta, o renuncian a ampliar la información cuando se les solicitan más datos. Otras se comprueban erróneas. Al final sólo ha prosperado la tramitación de 582 denuncias con fundamento, aunque todavía están sujetas a posibles recursos en el periodo de alegaciones.

La ley de medidas excepcionales aprobada el 22 de mayo por el Consejo de Gobierno regional para regular el abastecimiento de agua a la Comunidad prevé, en uno de sus 10 artículos, sanciones económicas para los infractores que varían, según su gravedad, entre 50.000 pesetas y cinco millones.

Once clubes deportivos

Entre las denuncias abierta hay 11 clubes deportivos, 188 comunidades de propietarios, nueve organismos públicos, 23 urbanizaciones, 24 empresas, un monasterio, nueve colegios o guarderías y 298 particulares.

La procedencia de las denuncias ha sido diversa. El Canal ha elevado 61; los agente ambientales y forestales de la Comunidad, cuatro y una, respectivamente.

Los policías municipales de los distintos Ayuntamientos han sido los que más han trabajado. En Madrid han efectuado 84 denuncias; en Alcobendas, 89; en Las Rozas, 88; en Pozuelo, 70, y en Galapagar, 58. Lo últimos cuatro municipios están ubicados en la zona norte de la región, la más rica y la que dispone de un mayor número de urbanizaciones de lujo.

Entre los 582 denunciados hay casos y cifras suficientes para solidificar la teoría de que los madrileños que más han vulnerado la ley viven o disponen de segunda residencia en la zona norte de la región.

Un total de 67 denunciados tienen su domicilio en Pozuelo de Alarcón, 63 en Las Rozas, 55 en El Soto de la Moraleja, 48 en Galapagar, 23 en Alcobendas y 14 en la urbanización La Moraleja. Las 270 denuncias que se han formulado en estas seis áreas del norte constituyen el 46% de todas las impuestas en la región.

De la identidad de los denunciados se desprenden muchas curiosidades. Entre los organismos públicos con un expediente abierto por haber utilizado mal el agua están el Ayuntamiento de Madrid, el de Valdemorillo, el de Mejorada del Campo, el Instituto Geográfico Nacional y, por ejemplo, el centro de acogida a refugiados de la calle de Luis Buñuel.

La causa de la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid no se ha facilitado. Un portavoz del Canal aclara que ha podido ser una junta de distrito o cualquier otro departamento, cuyos funcionarios responsables del riego "interpretaron mal" las restricciones marcadas por la ley, que sólo se ciñen, en el caso de los parques públicos no históricos, a las praderas. Esta justificación fue denunciada en varias ocasiones por la concejal de Medio Ambiente, Esperanza Aguirre.

El estamento militar tampoco sale bien librado. La base aérea de Torrejón de Ardoz ha sido denunciada. El religioso es señalado por la aparición entre los infractores del monasterio Santísimo, que se encuentra en la urbanización El Bosque, en Villaviciosa de Odón.

Las instalaciones deportivas señaladas son de muy diversa índole: el Club Internacional de Tenis, en la carretera de El Plantío a Majadahonda; el polideportivo Parque Lisboa (Alcorcón) y el campo de golf de la carretera de Castilla.

El incumplimiento de la ley antisequía también alcanza al sector comercial. El hotel Castellana Continental, el Gran Hotel Colón y el Eurofórum, de San Lorenzo de El Escorial, están marcados por haber regado sus jardines o utilizado mal el consumo del agua. El quiosco del restaurante Hispano y el de Camel, ambos en el paseo de la Castellana; el Hipercor de Alcorcón y el hipermercado de Continente de Alcobendas -éste, en tres ocasiones- han sido denunciados igualmente.

Colegios y empresas

Las empresas y los colegios, públicos y privados, están sujetos a lo reglamentado en la ley, pero algunos la han infringido. Esto ha sucedido con empresas del tamaño de Repsol Butano (carretera de Fuenlabrada a Pinto), con el colegio Brithis Council de Pozuelo o con el Parque Sur de Leganés.

Un portavoz del Canal ha indicado que el hecho de que todas estas entidades hayan sido denunciadas no quiere decir que no tengan posibilidad de recurrir contra la posible sanción o contra la legitimidad de la multa. En cualquier caso, que el expediente esté abierto quiere decir que la infracción tiene "razón de ser" hasta que no se demuestre lo contrario.