El Gobierno propone ceder la gestión del seguro de desempleo a sindicatos y empresarios

, El Gobierno ofreció ayer la cesión de la gestión del seguro de desempleo a las fuerzas sociales (empresarios y sindicatos). Éste es el principal elemento de una amplia reforma del Inem (Instituto Nacional de Empleo) que el ministro de Economía, Carlos Solchaga, expuso desde la tribuna del Parlamento durante el debate de presentación de los presupuestos para 1993, en el que los grupos de la oposición presentaron enmiendas de totalidad al proyecto del Gobierno.La propuesta de reforma del Inem cogió por sorpresa incluso al grupo socialista, toda vez que Solchaga no había incluido este punto en su reunión con los diputados del PSOE. El ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, la detalló en un receso.

La reforma "supone desempolvar una vieja idea del partido y del Gobierno socialista, y de las fuerzas sociales", según Martínez Noval. Si prospera, empresarios y sindicatos podrían crear un nuevo organismo -que funcionaría como una mutua- encargado tanto de fijar y cobrar las cotizaciones como de pagar el seguro de paro contributivo, siempre con criterios de reparto y no de capitalización. El Inem, mientras, quedaría como una agencia de formación profesional para los parados, aunque mantendría el registro de desempleo y podría funcionar como agencia general de colocación.

Al ser "una vieja idea", el Gobierno esperaba una buena respuesta de las centrales Sindicales; aunque el titular de Trabajo aclaró que "se hace porque es positiva y no para ganar adeptos", para matizar que "todos los acercamientos son bienvenidos".

Un billón de pesetas

La reforma supone traspasar más de un billón de pesetas anuales al control de empresarios y sindicatos, ya que serían las fuerzas sociales, "a través de un sistema ínutual", las que cobrarían las cotizaciones de los trabajadores para cubrir el paro y abonarían el seguro contributivo a quienes pierdan su empleo.

Si empresarios y sindicatos rechazan esta reforma, el Gobierno trasladará el pago del seguro de desempleo contributivo desde el Inem al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ahora se encarga de pagar las pensiones. Con o sin acuerdo, el INSS se ocupará de abonar el subsidio de paro no contributivo, es decir, el que perciben los trabajadores que han cotizado menos de un año. Este traslado responde a que la capacidad de gestión informática del INSS es mayor que la del Inem.

¿Qué ocurrirá si, con los malos tiempos, aumenta el paro y el sistema mutual se encuentra sin fondos para pagar a los parados? Martínez Noval respondió que hay un ejemplo reciente, pues "en Francia funciona este sistema y las fuerzas sociales han decidido este año recortar las prestaciones y aumentar las cotizaciones, de forma muy similar a como aquí se determinó con el decreto sobre desempleo".

Mientras, el Inem se especializará en ofrecer cursos de formación profesional a los parados. La destinada a quienes nunca han tenido un empleo pasará del Inem al Ministerio de Educación pues, en opinión del Gobierno, este colectivo "está formado por jóvenes que han fracasado en sus estudios y pueden recibir formación similar a la reglada". Además, Solchaga anunció que el presupuesto podría ampliar los fondos previstos para financiar la formación continua, es decir, la que reciben los trabajadores empleados 37 pagan entre ellos y su empresa con la ayuda de la Administración.

Como último punto de la reforma del Inem, Solchaga y Matínez Noval adelantaron que el Gobierno quiere aprobar una nueva regulación de las empresas de trabajo temporal, "que existen en todos los países europeos excepto Italia y España". Para regular estas empresas -que en la práctica ya existen- habría que modificar el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Las empresas de trabajo temporal contratan empleados -fijos o temporales- para cederlos a empresas que los necesiten durante cortos periodos de tiempo, por ejemplo para cubrir bajas en verano o realizar tareas muy especializadas.

La propuesta del Gobierno para reformar el Inem es la gran novedad de política económica que adelantó ayer Solchaga en el primer debate sobre los presupuestos, pero no la única. El ministro, además, defendió bajar cuanto antes los tipos de interés -es decir, en cuanto el mercado lo permita- con el objetivo de facilitar la recuperación económica. Junto a esta política monetaria menos restrictiva, Solchaga reiteró la voluntad de cumplir el presupuesto y reducir, por tanto, el déficit público.

Competitividad

La gran asignatura pendiente de la política económica es, según Solchaga, "la continua pérdida de competitividad de la economía española". Para solventarla y atravesar la crisis de forma menos traumática, el ministro utilizó la palabra clave, el pacto, sólo una vez. "Lo que se puede y se debe hacer es pactar para que los efectos de la crisis se repartan con justicia y de manera equitativa". Después prefirió hablar de acuerdos y transacciones para que no tengan que pagar más los que más dificultades tienen".