Una sola batalla pendiente: los colegios profesionales

Antonio Pedrol falleció ayer sin tiempo para conocer que el Consejo de Ministros del pasado viernes había dado vía libre al proyecto de reforma de la ley de colegios profesionales que, entre otras medidas, suprime las tarifas de honorarios. Una persona próxima a Pedrol declaró ayer a este periódico: "Menos mal que no pudo leer la noticia".La última conferencia de Prensa de Pedrol, a finales de septiembre, se dedicó a esta materia, tras presidir la Unión Profesional, en la que se atrincheraron los colegios para oponerse a las normas de libre competencia que el Gobierno trata de establecer para las profesiones liberales. La muerte de Pedrol les deja sin su principal valedor, al tiempo que será difícil encontrar alguien que sustituya su habilidad en la defensa corporativa.

Los éxitos sucesivos de Pedrol en su pugna constante con la Administración avalaban una dura polémica. Durante el largo mandato de Pedrol, los sucesivos gobiernos incrementaron el presupuesto para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuíta y cuando hace unos meses, el actual ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, promovió una ley en la que la Administración controlaría tales servicios, se encontró con la oposición de Pedrol, con quien finalmente alcanzó el acuerdo.

Igual ocurrió años antes con el incremento del IVA para los abogados o con los intentos del Ministerio de Economía y Hacienda de meter en cintura fiscal a los letrados. En todos los casos, Pedrol hizo gala de negociador correoso y hábil a quien finalmente la Administración no quiso tener como enemigo.

Abogado de abogados

La oposición que desde sectores progresistas, incluídos los socialistas, de la abogacía se intentó contra Pedrol en los últimos años tampoco tuvo éxito. En los sucesivos procesos electorales, Pedrol supo polarizar el sentido corporativo de la gran mayoría de la abogacía, para la que la presencia del veterano decano de Madrid al frente de los abogados españoles significaba una garantía para sus intereses. Sin embargo, Pedrol supo siempre revestir inteligentemente la defensa de los colegiados, invocando el mandato constitucional de la defensa letrada de los derechos ciudadanos y el sacrosanto derecho de defensa.Y algunas pruebas dio de su posición en favor de la abogacía de cualquier signo. Los más relevantes fueron su actitud en 1977 en el asesinato ultraderechista de cuatro abogados laboralistas en la llamada matanza de Atocha y su protección al derecho de defensa de los inculpados en el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.