El PSOE exige el fin de la protesta de los enfermos de la colza antes de negociar

La dirección del PSOE asegura estar dispuesta a hablar con los afectados por el aceite de colza una vez que abandonen su actitud de protesta en la calle madrileña de Ferraz, sede central del partido, traducida en una acampada y el corte del tráfico de dicha calle. "Estas personas no necesitan cortar la calle para hablar con el partido como no lo han necesitado nunca", afirmó ayer el responsable federal de movimientos sociales del PSOE, Alejandro Cercas. "Desde luego, no podemos hablar con ellos si mantienen la calle cortada" añadió Cercas.

Según la versión ofrecida por la dirección del PSOE, desde el día que empezó la acampada en la calle de Ferraz el partido ha ofrecido la posibilidad de dialogar. Siempre según esta versión socialista, en un primer momento los afectados señalaron que no querían reunirse con nadie de la Ejecutiva, sino con el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero.El pasado miércoles, al parecer, cambiaron de opinión y manifestaron que estaban dispuestos a hablar con algún representante de la Ejecutiva del partido. Este órgano de dirección del PSOE respondió ayer que está dispuesta a hablar y a reunirse siempre que los afectados abandonen la calle. El diálogo no se produjo ayer, porque los acampados prefieren no levantar de momento el corte de la calle de Ferraz.

Alejandro Cercas señala que en los últimos tiempos el partido ha mantenido diversas reuniones con los afectados, aunque precisa que "el margen de actuación de un partido político en este caso es muy limitado, ya que por decisión de los afectados el asunto ha pasado ya al poder judicial". Cercas insiste en que "por decisión de los afectados la solución se ha judicializado".

El juicio de la colza terminó, declarando culpables a los aceiteros responsables del envenenamiento de miles de personas. Estos tenían que hacerse responsables de las indemnizaciones multimillonarias, pero se declararon insolventes.

450.000 millones

Los distintos abogados que llevan estos miles de casos decidieron pleitear directamente contra la, Administración para que a través de una sentencia el Estado fuese declarado, responsable civil, subsidiario y ésta es la situación en que ahora se encuentra el caso, es decir, pendiente de la sentencia que diga o no si el Estado debe pagar estas indemnizaciones.

Según la primera sentencia, que los aceiteros no pudieron pagar, el conjunto de las indemnizaciones se elevaría a 450.000 millones de pesetas.

Fuentes socialistas indican que dada la magnitud de tal cantidad, el Estado no puede habilitar en los presupuestos semejante cifra, por lo el Ejecutivo espera al fallo definitivo.