La prensa francesa se opone al proyecto de silenciar los nombres de los procesados
La Asamblea Nacional francesa ha comenzado a discutir los posibles modos de proteger el principio constitucional de presunción de inocencia. Entre las novedades del proyecto de ley de reforma del procedimiento pena¡ presentado por el Gobierno destaca la sanción, aún por determinar, de los medios de comunicación que difundan los nombres de las personas investigadas por la autoridad judicial. Esos nombres sólo podrán hacerse públicos tras la condena efectiva de los interesados. La prensa francesa no ha tardado en manifestar su oposición a esta limitación.
El debate del proyecto de ley gubernamental promete ser largo y duro, pero los diputados franceses parten de un consenso sobre dos ideas: los poderes de los jueces de instrucción son exorbitantes y el mero procesamiento de cualquier persona es identificado socialmente como prueba de su culpabilidad.El Parlamento francés es particularmente sensible a estos asuntos. Su presidente, el socialista Henri Emmanuelli, y algunos de sus más prominentes miembros, como el también socialista Bernard Tapie y el centrista François Leotard, están procesados por su presunta participación en turbios asuntos financieros.
Ese hecho refuerza la convicción de la cámara de la necesidad de limitar el margen de maniobra de los jueces de instrucción, reforzar el secreto del sumario y garantizar de una manera más eficaz la presunción de inocencia.
El proyecto de sancionar a los medios de comunicación que difundan los nombres de las personas investigadas por la autoridad judicial y la obligación de que dichos nombres sólo puedan hacerse públicos tras la condena efectiva de los interesados ha sido ya contestado por la prensa francesa.
Guardar silencio
Los periodistas afirman que si bien pueden llegar a aceptar el guardar silencio sobre las identidades de los sospechosos en los casos de meros sucesos criminales, no aceptan callarse en asuntos en que estén presuntamente implicados políticos o personajes públicos.
Por el contrario, numerosos abogados, citando ejemplos de clientes que fueron declarados inocentes tras haber perdido públicamente su honor por informaciones periodísticas, aplauden el proyecto.
El término de "inculpación" aplicado hasta ahora en Francia a los procesados e identificado socialmente como prueba suficiente de la comisión de un delito, desaparece para ser sustituido por el de "encausamiento".
Al juez de instrucción se le retira además la gestión de la detención provisional, que pasa a ser responsabilidad de una cámara compuesta por tres magistrados ajenos al sumario.
La reforma n -0 elimina uno de los procedimientos franceses de más dudosa condición democrática: la denominada garde á vue o "retención" en comisaría por razones de "investigación preliminar".
La policía podrá seguir reteniendo durante 48 horas a cualquier sospechoso sin necesidad de acusarle formalmente de ningún delito y de acordarle asistencia letrada. Pero el "retenido" podrá telefonear a su familia y exigir un examen médico.
Asimismo, la policía también deberá notificar la garde à vue al fiscal o al juez de instrucción, una obligación que hasta ahora no existía.
