La cúpula militar acepta sólo "por disciplina" los recortes en Defensa
El recorte del 10% en los gastos de Defensa incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha provocado un profundo malestar en la cúpula militar. La Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) transmitió al ministro de Defensa, Julián. García Vargas, su disconformidad y le advirtió del riesgo de "desmoralización" en las Fuerzas Armadas. Algunos altos mandos pensaron en dimitir, pidiendo el pase a -la reserva, pero al final han aceptado seguir en el cargo sólo "por disciplina", según fuentes de la dirección de las Fuerzas Armadas."Nuestra obligación es seguir adelante e intentar administrar lo mejor posible los escasos recursos que se nos facilitan", declaró uno de los jefes militares consultados. La dimisión, el pasado martes, del secretario de Estado de Defensa, José Miguel Hernández, en protesta por el recorte, llevó a varios miembros de la Jujem a plantearse idéntica actitud. En todo caso, la intención, es no ocultar los graves problemas que provoca el recorte cuando, en la tercera semana de octubre, deban comparecer ante el Parlamento para informar sobre los presupuestos.
El Ministerio de Defensa dispondrá en 1993 de 755.000 millones de pesetas, según los Presupuestos Generales del Estado remitidos la pasada semana al Congreso. Esta cantidad es inferior en 30.000 millones a la presupuestada para este año, lo que supone una reducción del 3,85% en términos nominales y de casi el 10% en términos reales, contando con la inflación.
Los efectos de la reducción presupuestaria tienen, además, graves consecuencias en la industria militar española. La cancelación de proyectos y pedidos puede provocar el virtual desmantelamiento de este sector.
La actitud de los militares sobre la reducción del presupuesto contrasta con la opinión de la mayoría de los españoles, que, según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), está a favor de que se recorten los gastos de Defensa y de la Administración central, en tanto que se opone a los ajustes a la baja en vivienda, enseñanza y sanidad.
Páginas 15 y 43
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